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La debacle K en las PASO abre la caja de Pandora en los tribunales

De los escombros en que este domingo se convirtió el artefacto político del Frente de Todos comenzaron a emerger las noticias sobre el alcance del daño que la debacle electoral causó en el núcleo duro de esa alianza oficialista. Uno de los más preocupantes, coincidían fuentes del gobierno, será la necesaria reconfiguración del proyecto K para controlar a la justicia federal y tratar de segar las causas por corrupción contra Cristina Kirchner: habrá que trocar la planificada ofensiva en el Congreso por una resistencia estratégica en los tribunales, donde varios expedientes y decisiones judiciales que hasta ahora venían “pisados” o hasta habían sonreído a la vicepresidenta podrán despertar y retomar su curso aciago para ella.

Se ha dicho desde el primer día y los hechos, uno tras otro, no hicieron más que confirmarlo: la designación de Alberto Fernández para el primer término del ticket presidencial, y la posterior avanzada simultánea en varios frentes para revertir la historia en Comodoro Py fueron la principal obsesión de Cristina desde su regreso al poder. Con tal voracidad persiguió ese objetivo -al cual se subieron otros viejos compañeros de ruta, como Amado Boudou o Cristóbal López- que soslayó el daño que la descarada campaña podía causar entre los votantes que había logrado pescar en 2019 tras la máscara de Alberto.

El truco, de por sí arriesgado, sólo tenía chances de prosperar si la economía y la marcha general del gobierno ofrecían un placebo suficientemente dulce para contrapesar los tragos amargos de apretar y desplazar jueces, poner hasta la última oficina pública al servicio del operativo de impunidad, acelerar a fondo en el desprestigiado -e inconstitucional según dos instancias judiciales- Consejo de la Magistratura para castigar magistrados indeseables, premiar a los dóciles, amedrentar a los débiles y designar a la mayor cantidad de candidatos adictos en cada juzgado, cámara o tribunal disponible, intentar un desembarco a patadas en la Cámara Federal porteña, acorralar a los camaristas de Casación que votaron en contra de los intentos de Cristina por objetar o patear sus causas hacia el olvido, y otras tantas iniciativas simultáneas.

Bien, las PASO revelaron la insuficiencia de aquel jarabe, y descubrieron un nuevo mapa para cuya exploración el oficialismo carece de sherpas.

Para empezar, si en noviembre se confirmaran los resultados de este domingo, un proyecto de ley en el cual Cristina apuesta una buena porción de su capital político quedaría herido de muerte: es el que busca reducir la mayoría especial necesaria para designar al procurador general de la Nación y controlar el estratégico jury de enjuiciamiento para todos los fiscales. De aprobarse el plan en Diputados -en el Senado salió con fritas, una facilidad que también dejaría de ocurrir según las proyecciones electorales- todo el Ministerio Público Fiscal quedaría bajo la suela del kirchnerismo.

Si el bloque K en la Diputados no creciera -ahora bastante posible- ya estaba listo un plan B: adornar de regalos a los legisladores que deben abandonar la Cámara el 10 de diciembre, para que levanten sus manos en estos próximos tres meses. Pero la derrota oceánica en las urnas también dificulta esa vía, pues todos los gobernadores y legisladores quedaron bajo la lupa pública. Un ejemplo: Cristina deberá olvidarse de los cuatro diputados cordobeses que responden a Juan Schiaretti, y que intermitentemente le hicieron favores. Altri tempi, diría la vice.

El otro escenario de la tragedia K es Comodoro Py, por supuesto. Allí habrá que prestar atención a varias cosas. La primera, y más escandalosa, son las inéditas -y muy posiblemente ilegales- audiencias que el Tribunal Oral Federal 8 viene llevando a cabo para establecer si realiza o no el juicio que le corresponde hacer, para analizar bajo el tamiz de la ley si el pacto con Irán que Cristina firmó en 2013 fue un intento de encubrir el atentado terrorista a la AMIA de 1994, tal como denunció el fiscal Alberto Nisman días antes de aparecer con un tiro en la cabeza en el baño de su casa.

Aunque la instrucción confirmó las acusaciones, procesó a Cristina y a varios de sus funcionarios, y tanto la Cámara Federal como la Casación confirmaron ese proceso, ahora ella y varios de los acusados intentan frenar el juicio para el cual ya se había aprobado hasta la lista de testigos que pasarían por el estrado. El TOF 8, integrado por José Michilini, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado, deberá decidir este mes si accede al extravagante pedido o no.

Si no lo hace, ese sería el segundo juicio para el cual la vicepresidenta se sentará en el banquillo de los acusados. El primero sigue su curso desde hace más de dos años, durante los cuales se fueron comprobando las maniobras mediante las cuales se derivaron obras públicas por millones de pesos hacia las empresas de Lázaro Báez. Cristina está acusada allí de dirigir una asociación ilícita que trabajó para lograrlo.

Otros expedientes entraron a boxes cuando el kirchnerismo regresó al poder: era el único modo de no desembocar en malas noticias para vice. El juicio unificado por lavado de dinero en los casos Hotesur y Los Sauces es uno, y el otro es el caso de los cuadernos de las coimas. Ninguno tiene fecha de inicio. Hasta ahora.

La mano tendida de varios jueces y camaristas podría cerrarse ahora que el gobierno fue apaleado en las urnas. Hasta las vísperas mismas de la veda electoral, la justicia fue halagando el paladar K, con extraordinarios beneficios al dueño del Grupo Indalo -cuya maniobra fraudulenta multimillonaria con su empresa Oil Combustibles ya fue probada en la justicia federal y alertada por la Cámara Comercial-, a Lázaro y Martín Báez -condenados por lavado pero con flexibles arrestos domiciliarios- y al ex vice Boudou, con condena firme por corrupción el caso Ciccone pero libre como una mariposa y protagonista de una increíble campaña de reivindicación por parte de la facción cristinista del oficialismo.

Hay muchos mas casos, maś ejemplos y pruebas de las ayudas que desde los tribunales se les dieron a Cristina y sus ex funcionarios comprometidos con la justicia. Hasta el domingo, parecían gratuitas a los ojos de los ciudadanos. Ahora llegó la cuenta. Y todavía faltan sumar detalles como la fiesta de Olivos en plena pandemia, que este lunes aterrizó en un juzgado de San Isidro. ¿Podrá el juez Mirabelli cerrar el caso rápido y sin costos? No pareciera. Tampoco, que el otrora compadrito ministro de Justicia, Martín Soria, logre ahora lo que no había conseguido desde su llegada al gabinete: ser tomado en serio.

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