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Nueva complicación: un fondo logra que la justicia de EE.UU. pida informes sobre cuentas argentinas en el exterior

Los fondos de inversión que no ingresaron a anteriores reestructuraciones de deuda vuelven a complicar a la Argentina. La jueza Loretta Preska -a cargo de la corte del distrito sur de Nueva York (Estados Unidos- hizo lugar a un pedido de un fondo que quiere tener acceso a cierta información de las cuentas argentinas en el exterior.

Preska escuchó los argumentos de Brainbridge. Esa firma quiere cobrar US$ 95 millones de Argentina, por deuda externa que no entró a canjes anteriores. Y los quiere tomar de las reservas que Argentina tiene para pagar intereses de la deuda.

En caso que el fondo obtenga una cautelar a su favor, las reservas argentinas podrían ser embargadas. Y Argentina repetiría una situación como la que vivió en 2014-2015, en default con algunos de sus acreedores, un conflicto internacional que luego solucionó la administración siguiente de Mauricio Macri, en 2016.

La jueza ordenó a la Argentina y a los demandantes que preparen un cronograma de presentaciones, con informes a favor y en contra sobre la posibilidad de obligar al país a presentar activos para ser embargados. Bainbridge quiere que la Argentina repatrie fondos para pagarles a ellos. En caso que suceda, se puede estar a la puerta de un nuevo entuerto con los “holdouts”, fondos que no aceptan reestructuraciones de deuda y prefieren litigar, a la espera de una mejor recompensa por la deuda que tienen en sus manos.

“Argentina se negó a ese pedido del fondo y la jueza ordenó a ambas partes a presentar una serie de informes a favor y en contra, que expliquen porque Bainbridge puede pedir embargos y Argentina ser obligada a repatriar fondos”, explica Sebastián Maril, de Research for Traders, que sigue estas disputas judiciales en forma exhaustiva.

“En esa carta, Bainbridge citó las reservas del Banco Central que son utilizadas de manera comercial, es decir cuando Argentina las utiliza para pagar intereses en la deuda soberana. Es decir que una nueva medida cautelar al estilo (Thomas) Griesa -anterior juez que tenla los casos de la reestructuración de deuda argentina- vuelva a suceder pronto, como pasó en 2014”, explica.

Bainbridge ya habla hecho un ‘discovery’, que es una proceso de investigación obre distintos aspectos de las finanzas argentinas en los Estados Unidos, para ver si podía pescar algo allí.

Los pedidos de embargo son una manera de presionar al país y hay más a la vista. Al antes descripto, cuya orden judicial se emitió esta semana, hay otro anterior que también se estuvo moviendo.

En el caso de Attestor Master Value/Trinity, se trata de fondos que tampoco entraron en reestructuración de deuda de 2005 y 2010, y reclaman US$ 230 millones para ellos o sus representados.

Hace 20 días, mandaron un pedido de embargos a activos que la Argentina tiene en la reserva federal de Nueva York. “Esos activos, según el ministerio de Economía, son bonos cero cupón del Tesoro norteamericano que usó como ‘colateral’ (N. de R: garantías) para los bonos Brady (otros títulos que Argentina suele usar en sus canjes de deuda)”, especifica Maril.

La jueza Preska validó ciertos reclamos de los fondos en 2020 y por eso aceptó solicitudes de “discovery”. El pedido del fondo Attestor al Departamento de Justicia de Estados Unidos fue para embargar bonos estadounidenses (en manos de Argentina) por US$ 32 millones.

En el ocasiones anteriores, los fondos de especulación (también llamados ‘buitres’) lograron embargar durante 77 días la Fragata Libertad en un puerto de Ghana en 2012.

Las embajadas no son embargables y a los acreedores les cuesta encontrar activos argentinos embargables por el mundo, Pero la Argentina tiene el antecedente del juez Thomas Griesa que, ante el pedido de Paul Singer y su fondo Elliott para que le pagaran sus bonos defaulteados, dictó medidas cautelares que impedían a la Argentina pagarle a los acreedores que sí habían entrado al canje.

De esa forma, el país cayó en un default técnico porque la plata que enviaba para pagar quedó freezada y los bonistas que habían regularizados sus tenencias no podían cobrar.

No solo los fondos de inversión buscan embargar activos argentinos. Quienes están detrás del juicio de Aerolíneas van en el mismo sendero, con un pedido a la justicia de Delaware para que ordene pagar a la Argentina.

Además, hay demandas por el cupón atado al PBI, está el caso por la expropiación de YPF y otras demandas ante el Ciadi y tribunales internacionales. Según los datos oficiales, los juicios pendientes suman US$ 10.400 millones, poco menos de un cuarto de lo que se le debe al Fondo Monetario.

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