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Plan Cóndor: denuncian en la justicia que veinte uruguayos cobran indemnizaciones por la dictadura en Uruguay y también en Argentina

El investigador argentino José D’Angelo denunció ante la justicia federal supuestas irregularidades en el pago de indemnizaciones a las víctimas de la dictadura argentina. El periodista amplió una denuncia previa que está bajo investigación en el juzgado de Ariel Lijo, con información de veintitrés casos de ciudadanos uruguayos que cobran un doble resarcimiento, tanto del Estado argentino como del uruguayo. Se trata de personas que fueron secuestradas en nuestro país en el marco del la coordinación represiva ilegal del Plan Cóndor, y fueron enviadas a Montevideo pocos días después. La denuncia es por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por parte de quienes dispusieron pagar esas indemnizaciones cuestionadas. La presentación enumera pagos por 394,6 millones de pesos.

“Venimos a ampliar la denuncia que formuláramos oportunamente relativa a las maniobras delictivas realizadas en el pago de indemnizaciones a presuntas víctimas de los años 70 por las llamadas leyes ‘reparatorias’, por el descubrimiento de una nueva y escandalosa modalidad”, señala D’Angelo en el escrito judicial.

“La República Argentina les ha pagado a cada uno de ellos no por los escasos días que permanecieron aquí detenidos, sino por todo el tiempo que permanecieron en esa condición en Uruguay, haciéndole asumir abusivamente a nuestro país obligaciones millonarias por actos realizados en el extranjero, por funcionarios extranjeros, provocando el pago de ingentes sumas de dinero indebidas a supuestas víctimas cuya Nación, además, no contempla estos millonarios resarcimientos.”

El periodista denunció entonces a los funcionarios públicos administradores de los recursos con que se pagan las indemnizaciones “en su condición de autores, cómplices o instigadores de “los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y también a los particulares beneficiados. “En todos los casos detectados, a cada uno de estos ciudadanos uruguayos, el gobierno argentino pagó multimillonarias indemnizaciones, actualizadas a mayo de 2022, como si todos los días en que estuvieron detenidos lo hubieran sido en jurisdicción argentina”.

Para chequear que la información que fundamenta su presentación es correcta, D’Angelo le pidió al juez Lijo verificar si estas personas están cobrando en Argentina la pensión mensual graciable contemplada por la ley 26.913, que equivale a dos jubilaciones mínimas, y que libre los oficios necesarios para saber si en Uruguay estas personas también cobraron y siguen cobrando, por los mismo hechos, indemnizaciones y pensiones.

La​ denuncia señala a los siguientes ciudadanos, todos uruguayos excepto uno:

Gastón Zina Figueredo: Detenido el 15 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladado nueve días después al Uruguay. Cumplió condena en el penal “Libertad” y en 1978 fue liberado. Cobró del Estado argentino, en enero de 2009, 25.783.575 pesos.

Beatriz Victoria Barboza Sánchez: El 30 de septiembre de 1976 fue detenida en Buenos Aires y ese mismo día fue trasladada a Uruguay, donde estuvo presa hasta el 30 de septiembre de 1980. Cobró del Estado argentino, en agosto de 2014, 7.693.537 pesos.

Víctor Hugo Lubián Pérez (argentino) y Marta Amalia Petrides: Casados. El 15 de julio de 1976 fueron detenidos en el Gran Buenos Aires y el 24, trasladados a Uruguay. Al ser liberados se exiliaron en Suecia. Estuvieron 9 días detenidos por autoridades argentinas y se desconoce qué período bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobraron, respectivamente, del Estado argentino, 16.548.067 pesos en junio de 2011, y 7.006.651pesos en noviembre de 2010. Un total de 23.554.719 pesos.

Ana María Salvo Sánchez: Detenida el 14 de julio de 1976 y trasladada a Uruguay el 24 del mismo mes. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y un año y medio bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en junio de 2009, 9.515.130 pesos.

Alicia Raquel Cadenas Ravela: También detenida en Buenos Aires el 14 de julio de 1976 y trasladada a Uruguay diez días después. Cobró del Estado argentino, en junio de 2009, 8.036.876 pesos.

María Elba Rama Molla: Detenida en Buenos Aires y trasladada a Montevideo en las mismas fechas que los casos anteriores. En Uruguay pasó cinco años presa. Cobró del Estado argentino, en enero de 2008, 17.266.873 pesos.

Sara Rita Méndez Lompodio. Fue capturada en Buenos Aires el 13 de julio de 1976, y el 24 fue trasladada a Montevideo. Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones: en octubre de 2007, una por 16.388.192 pesos, y otra en marzo de 2015 por 5.726.788 pesos; un total de 22.114.980 pesos.

Asilú Sonia Maceiro Pérez. El 13 de julio de 1976 fue detenida en Buenos Aires y el 24 trasladada a Montevideo. Años más tarde, fue liberada. En enero de 2012 cobró del Estado argentino 5.724.515 pesos.

Ana Inés Quadros Herrera: Detenida en Buenos Aires el 13 de julio de 1976 y el 24 repatriada forzadamente. Cobró del Estado argentino, en enero de 2008, 16.554.758 pesos.

Eduardo Dean Bermúdez: Detenido el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires, y repatriado forzadamente el 24 de ese mismo mes. Cobró del Estado argentino, en noviembre de 2009, 7.250.446 pesos.

Sergio Rubén Burgos: Detenido el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires, once días después lo llevaron a su país, donde permaneció hasta 1981. Cobró del Estado argentino, en septiembre de 2007, 24.613.413 pesos.

Carlos Enrique Rodríguez Martínez: El 30 de junio de 1976 fue detenido en el barrio de Flores, y el 24 de julio lo trasladaron clandestinamente a Montevideo. Liberado en el año 1982., tiempo después emigró a Suecia. Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones: la primera, en noviembre de 2009, de 4.071.275 pesos, y la segunda, también en noviembre de 2009, de 67.628.537 pesos. Un total de 71.699.812 pesos.

Raquel Nogueira Paullier: Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada a Montevideo el 24. La liberaron en enero de 1978. Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones: la primera, en noviembre de 2009, por 3.557.131 pesos,  y la segunda, también en noviembre de 2009, por 22.246.325 pesos. Un total de 25.803.456 pesos.

Margarita Michelini Delle Piane: Fue detenida el 13 de julio de 1976 en el Gran Buenos Aires y once días después fue trasladada a Uruguay, donde permaneció presa hasta mayo de 1981. Cobró del Estado argentino, en marzo de 2007, 16.077.258 pesos.

Raúl Altuna Facal: Fue detenido el 13 de julio de 1976 en el Gran Buenos Aires. Once días después fue trasladado a Uruguay. En mayo de 1981 recuperó su libertad. Cobró del Estado argentino, en junio de 2008, 17.119.789 pesos.

Cecilia Irene Gayoso Jáuregui: Detenida el 8 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada al Uruguay el 24, adonde estuvo en prisión hasta el 31 de diciembre de 1977. Cobró del Estado argentino, en enero de 2012, 3.139.270 pesos.

María Mónica Soliño Platero: Detenida el 7 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada al Uruguay el 24. Estuvo presa en el Penal de “Punta Rieles”, de donde fue liberada el 31 de diciembre de 1977. Cobró del Estado argentino, en abril de 2008, 5.203.510 pesos.

María del Carmen Martínez Addiego: Detenida el 15 de junio de 1976 en Buenos Aires y liberada, también en Buenos Aires, seis días despúes. En julio de 2006 cobró del Estado nacional 17.351.982 pesos.

Jorge González Cardozo: Detenido el 15 de junio de 1976, en el Gran Buenos Aires. El 24 de julio lo trasladaron a Uruguay. Cobró del Estado argentino, en julio de 2005, 28.660.665 pesos.

María del Pilar Nores Montedónico: Detenida el 9 de junio de 1976, en Buenos Aires. El 20 de julio de ese año fue trasladada a Montevideo. Recuperó su libertad el 22 de diciembre de 1976. Cobró del Estado argentino, en febrero de 2015, 10.102.002 pesos.

Orlinda Brenda Falero Ferrari y José Luis Muñoz Barbachan: El 9 de junio de 1976 fueron detenidos en Buenos Aires y “cuatro o seis días después”, liberados en el barrio de Floresta en la capital argentina. El 30 de septiembre de 1976, con el patrocinio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, viajaron exiliados a Francia. Cobraron del Estado argentino, respectivamente 15.284.427 pesos en septiembre de 2014 y 16.066.448 pesos en agosto de 2014. Un total de 31.350.875 pesos.

En sul requerimiento judicial, D’Angelo solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria a los responsables de los supuestos pagos duplicados, y que el Ministerio de Justicia y la Cancillería informen el número total de indemnizaciones, compensaciones o beneficios mensuales pagados según lo dispuesto en las llamadas “leyes repartorias”, la cantidad total de dinero erogado año por año, la nómina de los beneficiados por la Ley 24.043, y por la Ley 26.913 y, si los hubo, quiénes fueron los apoderados que intervinieron en los trámites que permitieron el cobro de las compensaciones.

La causa penal comenzó a instruirse en noviembre de 2019 con una denuncia del mismo investigador, donde se detallaron una decena de supuestos casos fraudulentos de cobro de indemnizaciones de víctimas de la represión a organizaciones armadas en los años 1970. Recién en diciembre de 2021, el juez Lijo, pidió al Ministerio de Economía que constate si esas indemnizaciones fueron efectivamente abonadas.

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