La organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Washington, criticó este jueves las nominaciones del presidente Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia, sobre todo la designación del Ariel Lijo, y pidió que las reconsidere porque no cumplen con los requisitos de “integridad”, entre otros. Además, denunció que, si se confirman los cargos, la Corte argentina sería el único alto tribunal de América latina que no tendría mujeres entre sus filas.
En un documento al que accedió Clarín, la organización señaló que Milei “debería reconsiderar sus nominaciones a la Corte Suprema teniendo en cuenta las cualificaciones, experiencia, diversidad e integridad de las candidaturas”.
El 15 de abril de 2024 Milei nominó a Lijo y al académico Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema y la figura del juez federal desató enseguida una serie de reclamos de la oposición y distintos miembros de la sociedad civil. Las nominaciones a la Corte deben ser aprobadas por el voto de dos tercios del Senado y no ha habido avance al respecto en la Cámara alta.
Human Rights Watch (HRW) no manifiesta preocupación por los antecedentes de García-Mansilla, pero sí advierte particularmente sobre el pasado de Lijo. Dijo que “numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos han expresado formalmente su preocupación por las nominaciones, en particular por el historial de Lijo como juez federal”.
“Argentina necesita fortalecer la independencia judicial, el estado de derecho y los esfuerzos para combatir la corrupción”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. “Para ello, el Gobierno debe considerar seriamente las graves preocupaciones planteadas sobre el juez Lijo y garantizar que todos los nominados a la Corte Suprema tengan la máxima integridad y cualificaciones”.
Detallan que Lijo tiene actualmente tres investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de investigar y destituir a los jueces federales. Además, “se ha enfrentado a otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados, incluidos 16 in limine, es decir, sin ningún análisis, según un estudio de la organización de derechos humanos Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo atrasó o manipuló investigaciones sobre corrupción. Un informe de 2016 de una asociación de abogados identificó retrasos aparentemente “anómalos”, en ocasiones de más de una década, en al menos 28 investigaciones sobre corrupción tramitadas por el juzgado de Lijo”.
“Algunos temen que senadores de todo el espectro político voten a favor de Lijo a cambio de que éste utilice su posición en la Corte Suprema y su influencia en el sistema judicial federal para cerrar investigaciones de corrupción contra ex funcionarios del gobierno”, advierte HRW.
Otra de las preocupaciones de la organización de derechos humanos es que “si se confirman las nominaciones, no habría ninguna mujer en el tribunal” y señala que la designación de dos hombres también es contraria a un decreto presidencial de 2003 que llama a las autoridades a tener en cuenta la “diversidad de género” en el proceso de selección.
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que Argentina ha ratificado, los gobiernos deben “tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en… la vida política y pública.”
Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con datos de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Argentina es el único alto tribunal de América Latina, el Caribe y la Península Ibérica sin ninguna mujer.
“Tener un Tribunal Supremo compuesto exclusivamente por hombres envía un mensaje preocupante a las muchas mujeres abogadas y académicas altamente cualificadas de Argentina sobre su capacidad de acceder a posiciones destacadas en el poder judicial”, dijo Goebertus.
La Corte Suprema ha funcionado con sólo cuatro miembros desde 2021, cuando renunció la ministra Elena Highton de Nolasco. Según la Constitución, los jueces de la Corte Suprema necesitan ser nombrados de nuevo para continuar en sus puestos una vez que cumplen 75 años. El magistrado Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años en diciembre y ha dicho que se jubilará. Los miembros actuales de la Corte se enfrentan a un juicio político infundado en el Congreso, que fue iniciado en 2023 por el entonces presidente Alberto Fernández (2019-2023).