La Unión Europea dio este viernes luz verde definitiva a las nuevas normas que obligarán a las grandes empresas a prevenir, mitigar y remediar el impacto sobre el medio ambiente o los derechos humanos que puedan tener sus actividades o las de su subsidiarias y socios.
«La directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad nos permitirá sancionar a quienes incumplan sus obligaciones. Es un paso concreto e importante hacia una vida mejor para todos», dijo el ministro de Economía y Empleo belga, Pierre-Yves Dermagne, cuyo país preside temporalmente el Consejo de la UE.
La directiva, que comenzará a aplicarse progresivamente a partir de 2027, afectará a las empresas de la UE o fuera de ella con más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a los 450 millones de euros, así como a las compañías que formen parte de su cadena de suministros o de distribución, transporte o almacenamiento de productos.
Las compañías tendrán que asegurarse de que se respetan las obligaciones en materia medioambiental y de derechos humanos tanto en sus operaciones como en las de sus socios, y deberán tomar medidas para prevenir, mitigar, poner fin o minimizar el «impacto adverso» de estas operaciones.
Las firmas serán responsables de los posibles daños causados y tendrán que pagar compensación por ellos. Asimismo, en caso de incumplimiento se exponen a sanciones y multas de hasta el 5 % de su facturación neta global.
Además, las empresas sujetas a la directiva tendrán que adoptar planes de transición climática en línea con el acuerdo de París sobre el cambio climático para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.
Tras el visto bueno del Parlamento Europeo el pasado abril y el expresado por los ministros de Industria de los Veintisiete hoy, la normativa podrá entrar en vigor próximamente y empezará a aplicarse dentro de tres años (en 2027) para las empresas con más de 5.000 empleados y una facturación superior a los 1.500 millones de euros.
Las firmas con más de 3.000 empleados y 900 millones de euros de facturación anual tendrán cuatro años para empezar a implementarla, mientras que aquellas con más de 1.000 empleados y 450 millones en facturación tendrán hasta cinco años para hacerlo, con lo que empezarían a aplicarlas en 2028 y 2029, respectivamente.
Desde la patronal europea BusinessEurope, insistieron hoy en que será «esencial» que los Estados miembros y la Comisión Europea proporcionen directrices claras para que las empresas apliquen las normas y que su incorporación en las legislaciones nacionales sea «armonizada» para asegurar que se aplican de manera uniforme entre los Veintisiete.
«Las nuevas reglas de diligencia debida serán la mayor reforma de la legislación empresarial en la historia de la UE, fijando amplias obligaciones, responsabilidades y sanciones para las empresas europeas«, dijo su director general, Markus J.Beyrer, subrayando que las firmas tendrán que destinar recursos «sin parangón» para cumplir con ellas.
Desde la Coalición Europea por la Justicia Corporativa celebraron que esta ley representa un «paso histórico» hacia la rendición de cuentas por parte de las grandes corporaciones y subrayaron que, «a pesar de sus defectos, envía un claro mensaje» de que la UE «no tolerará la generación de beneficios a costa de la gente y el planeta».