Esta semana será decisiva para saber si la investigación contra Alberto Fernández por los nueve hechos atribuidos en el marco de la violencia de género continuará en Comodoro Py o no. La abogada del ex presidente presentó hace más de una semana un escrito solicitando que el expediente tramite en el juzgado federal de San Isidro que tiene jurisdicción sobre todo lo que transcurre en la quinta de Olivos. Pero la representante legal de Fabiola Yañez, en su carácter de querellante, rechazó el planteo recordando que los hechos de violencia, maltrato, abuso, hostigamiento, y acoso iniciaron en 2016 en Puerto Madero. En los próximos días se espera la respuesta del fiscal Ramiro González para que después, se pronuncie el magistrado.
El caso por presunto maltrato está en manos del juez Julián Ercolini, a quien Alberto Fernández ya intentó correr de la causa por supuesta corrupción en la contratación de seguros para el Estado. Adujo «temor a parcialidad», lo cual fue rechazado. Ahora intenta sacarle la otra investigación.
“Desde fecha incierta, pero desde cuando Fabiola Yañez comenzó un vínculo de noviazgo con Alberto Fernández, hasta la actualidad, la nombrada sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar -según las etapas temporales de ese vínculo afectivo-”, determinó el fiscal Ramiro González al momento de acusar al ex jefe de Estado.
Sobre esas circunstancias consignadas, expresó que más allá de las calificaciones penales que darán curso a la investigación, los hechos que originan la causa “surgen de un relato que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo”.
La violencia expresada y denunciada penalmente por la ex primera dama “se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”, detalló el fiscal González. Bajo esa estructura de “asimetría el Señor Alberto Fernández habría -como hipótesis delictiva- realizado distintos comportamientos penalmente relevantes”.
Por eso es que la violencia que la fiscalía considera que sufrió Yañez, a lo largo de ocho años en diversas modalidades y circunstancias, califica para un delito mayor que las lesiones leves y lo tomó la Justicia Federal. Detalló nueve hechos atribuidos a Alberto Fernández y ubicó el primero de todos en el año 2016, específicamente, cuando la pareja convivía en un departamento de Puerto Madero propiedad de Enrique Albistur.
Mariana Gallego, abogada de Fabiola Yañez. Foto: EFEEn ese momento, según indica el dictamente, «Alberto Fernández obligó a Fabiola Yáñez a realizar un aborto, a través de un plan que constituyó destrato, negación de la palabra, hostigamiento y frases como ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’”.
Este punto de partida para la causa es el que consigna la querella a cargo de la letrada Mariana Gallego al rechazar que el expediente se vaya de Comodoro Py. Recordó en la presentación ante el juzgado que los hechos que ratificó durante la audiencia con la fiscalía -sucesos de violencia, maltrato, abuso, hostigamiento y acoso- comenzaron cuando vivían juntos en el barrio porteño.
De esta manera, al rechazar que la causa tramite en el juzgado federal de San Isidro, la defensa reiteró que todo comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –lo que le otorga jurisdicción a Comodoro Py para intervenir-. Pero además, sostuvieron que los hechos de violencia no cesaron, sino que continuaron y se “incrementaron” a lo largo del tiempo, ubicando como sede de los episodios la quinta presidencial de Olivos, pero también que se reiteraron en Capital Federal, en cuanto a los actos de “hostigamiento y amenazas”.
Fabiola Yañez y Alberto Fernández.En ese sentido, se mencionó que los delitos atribuidos a Alberto Fernández, no se circunscribieron a una única jurisdicción, sino que se sucedieron en distintos lugares pero que constituyen una única mecánica de violencia de género. La persona que cometió esos hechos es la misma, el ex Jefe de Estado; y la víctima siempre fue la misma.
Ante este escenario, la querella entiende que no es un buen criterio particionar la causa y dar intervención a distintos jueces según la jurisdicción donde los hechos ocurrieron, ya que eso atentaría contra el avance de la investigación. “Las medidas de prueba podrían duplicarse, superponerse, e incluso podría haber decisiones contradictorias”, explicaron fuentes allegadas a la causa a Clarín.
Cuando Yañez solicitó ser querellante en aquel escrito de 20 páginas, habló de un conjunto de acciones u omisiones, que tuvieron continuidad en el tiempo y que tenían un mismo objetivo: ejercer violencia de género contra ella.
En función de este criterio, la querella rechazó que la causa se vaya a San Isidro, al entender que el hecho de que Alberto Fernández haya asumido como presidente de la Nación fue algo circunstancial que generó que los episodios de violencia se perpetren en Olivos, pero no la causa originaria ni tampoco esa jurisdicción generó que el delito atribuido cese.
Frente a la respuesta, el juez federal Julián Ercolini pidió la opinión del fiscal del caso Ramiro González quien responderá, según pudo saber Clarín, dentro de las próximas 48 horas para que finalmente, el magistrado determine si continuará investigando este caso o si lo enviará a San Isidro.
¿Por qué Fernández quiere San Isidro?
El ex presidente de la Nación intentó en diversas ocasiones correr al juez federal Julián Ercolini de la causa por presuntos hechos de corrupción donde se investiga el entramado alrededor de los contratos de seguros.
Pero Casación, el máximo tribunal penal previo a llegar a la Corte Suprema, confirmó a Ercolini frente al expediente.
Y después del correspondiente sorteo, la causa por violencia de género (que surgió por los chats de la ex secretaria de Fernández en el marco de la causa de seguros) también quedó radicada en el mismo juzgado.
Además, recuerdan fuentes judiciales y políticas, en San Isidro el ex presidente junto a Yañez lograron cerrar rápidamente el caso por la fiesta de Olivos donde se les atribuyó la responsabilidad penal por violar una normativa que el propio Fernández había firmado.Para evitar el procesamiento acordaron con el juez Lino Mirabelli una probation, es decir, pagaron una multa. Aunque el sobreseimiento, sin embargo, no se firmó.
En el juzgado federal que tiene competencia sobre la quinta de Olivos hay dos magistrados: Lino Mirabelli y Sandra Arroyo Salgado. En caso de irse a dicha jurisdicción el expediente por violencia de género, la Cámara de San Martín sorteará entre estos dos jueces, quién será el responsable de investigar el caso. Pero, sería lejos de Comodoro Py que es la primera pretensión de Alberto Fernández.
D.D.