-¿Y cuánto le faltaría para terminar? -preguntó la conductora del programa de televisión más visto de la Argentina.
– Y…yo calculo que 600 mil pesos más – respondió, como sacando la cuenta en el momento, su invitado, un clérigo de la Iglesia Católica acostumbrado a manejarse con cifras grandes en materia de caridad.
– Padre, ¿pero qué se está construyendo, el Sheraton? – fue la réplica, azorada, de Susana Giménez al sacerdote Julio César Grassi, titular de la Fundación Felices los Niños. Corría 1998 y, por un asiento contable vigente desde siete años antes con el nombre de convertibilidad, 600 mil pesos equivalían, dentro de las fronteras argentinas, a 600 mil dólares.
Grassi había arribado al living televisivo de Susana Giménez porque aducía que no le llegaba el dinero correspondiente un 0-900 del programa de la diva de los teléfonos. Grassi había montado su fundación en 1993, en jurisdicción del obispado de Morón y llegó a albergar a más de 6 mil niños. Se convirtió en uno de los nombres de la beneficencia tercerizada de los 90, cuando la retracción del Estado privatista de Carlos Menem y Domingo Cavallo dejó la acción social mayormente en manos de privados. En el caso de Grassi, apostó a un emprendimiento en el que ponía su nombre como simple sacerdote por fuera de la estructura de Cáritas.
Un pastor mediático
El cura entró en millones de casas gracias a la televisión como rostro del buen samaritano que ayudaba al prójimo mientras la segunda presidencia de Menem incubaba excluidos al por mayor. La «república de los niños» de Grassi se montó en un predio de 65 hectáreas del Instituto Forestal Nacional en Hurlingham, que el ministro de Economía Domingo Cavallo le cedió al ambicioso sacerdote. Hábil para las relaciones públicas, conmovió a ricos y famosos que mostraron su veta solidaria en la Argentina excluyente. Y hasta llegó a ganar un Martín Fierro por un programa de radio.
Para agosto de 1998, había un acuerdo por el cual Hard Comunication (HC), que suministraba el software para el concurso telefónico «Su Llamado», debía abonar un porcentaje de los ingresos a la ONG de Grassi.
Todo estalló cuando el sacerdote hizo público que le habían liquidado menos dinero del correspondiente. Según él, le habían dado 400 mil pesos/dólares de un total de 1,4 millones, o sea, un tercio, y la obra a construir requería un millón, de ahí los 600 mil que urgían a «La Manga», como el relator José María Muñoz, fallecido en 1992 (y no exactamente un adalid del anticlericalismo), apodó a Grassi.
La diva y el revolucionario
El caso golpeaba fuerte a Giménez, que en el verano de 1998, apenas seis meses antes, había afrontado un escandaloso (y más que oneroso) divorcio de su esposo Huberto Roviralta. No solamente quedaba salpicada por una probable estafa, sino que además la sospecha se cernía sobre su entonces pareja, lo cual a su vez conectaba con la Argentina de los 70.
Jorge «Corcho» Rodríguez había reemplazado a Roviralta en el corazón de la conductora y era uno de los responsables de HC. La alusión célebre de Giménez sobre el Sheraton que se querría construir el father Grassi con 600 mil dólares no fue una expresión feliz, pero no porque sonara a frívola, sino por su ligazón indisoluble con una consigna de la tendencia revolucionaria del peronismo un cuarto de siglo atrás: «Qué lindo que va a ser el Hospital de Niños en el Sheraton Hotel». Porque uno de los socios de Rodríguez en HC era Rodolfo Galimberti, líder de la JP setentista y luego parte de la conducción de Montoneros. Y otro socio era Jorge Born, secuestrado por Galimberti en septiembre de 1974 y liberado nueve meses más tarde a cambio de 60 millones de dólares. El rescate fue pagado por el emporio cerealero Bunge&Born. Secuestrado y secuestrador se amigaron en 1989, después del indulto de Menem a Galimberti y de una argucia del exlíder de la JP para que la familia Graiver pagara a Born unos cuantos millones habida cuenta la ligazón de David Graiver con Montoneros.
El asunto del 0-600 derivó en un juicio que determinó la absolución de todos los implicados: Rodríguez, Born y otros dos socios (mucho antes, Giménez había aportado los 600 mil pesos reclamados en cámara por Grassi). El fallo fue en septiembre de 2002. Un mes más tarde, una investigación televisiva reveló abusos de Grassi contra menores a su cargo en la Fundación. Los nubarrones sobrevolaban sobre Grassi desde antes de la denuncia de Telenoche investiga y del juicio a sus antiguos beneficiarios.
Números poco claros
La organizacion creada por él casi una década antes había llegado a tener un presupuesto anual de 4,6 millones de pesos en septiembre de 2000, tiempos crepusculares del uno a uno, según reveló Ámbito Financiero. De ese total, 1,8 millones lo aportaba el Estado a través del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
A mediados de 2001, el obispo de Morón tomó cartas ante la sospecha de irregularides en la casa matriz de una obra ramificada en Capital Federal, Carlos Spegazzini, Isidro Casanova, Pilar, Ituzaingó, General Rodríguez, José León Suárez, San Martín y las provincias de Formosa, Santa Cruz, San Juan, Chaco y Santiago del Estero; y que en Hurlingham albergaba 33 talleres de capacitación laboral, ocho hogares y un comedor por el que pasaban unos mil chicos por día.
Por eso, para cuando estalló el escándalo que acabó con Grassi (ese mismo 2002 el Boston Globe había denunciado la red de pedofilia amparada por el arzobispado de Boston), ya hacía más de un año que no figuraba como presidente de su fundación. Justo Laguna lo había degradado a la categoría de «director espiritual», un eufemismo para hacer notar que Grassi no se ocupaba de asuntos materiales.
Juicio y condena
La denuncia de abuso sexual no tenía antecedentes en la Argentina respecto de un mimbro de la Iglesia Católica (luego se sabría que Grassi había podido desactivar denuncias en su contra en 1991 y 2000). En gran medida, los casos que se conocieron en los años siguientes fueron un efecto dominó del caso Grassi, que en sus primeras semanas acaparó la atención de los medios. Grassi llegó a protagonizar una fuga en vivo y en directo, cuando sostenía su inocencia por televisión y le avisaron que un fiscal se dirigía hacia el estudio para arrestarlo. Se fue de allí decidido a no someterse a la ley. Se entregó poco después y consiguió la excarcelación.
El sacerdote adujo persecución y contó con el apoyo total de Raúl Portal, colocado al frente de la ONG de la que lo había desplazado Laguna. En 2006, Grassi admitió problemas financieros. Tres años más tarde, fue hallado culpable de dos hechos de abuso sexual y corrupción agravada de menores, y lo condenaron a quince años de prisión.
Pasaron cuatro años más hasta que Grassi fue a prisión en 2013, tras la apelación desestimada por la Corte Suprema Bonaerense. En 2017, la Corte Suprema de la Nación confirmó el fallo. En 2014 se habían agregado dos años más a su condena, por malversación de fondos. Aun queda pendiente de resolución la denuncia por presunto uso de fondos de la Fundación , que Grassi habría desviado en beneficio propio hacia la Unidad Penitenciaria Número 41 de la cárcel de Campana, donde cumple su condena.
El sacerdote nacido en Lomas de Zamora en 1956, que inició su carrera como catequista y escaló posiciones sin dejar de ser un párroco, se representó a sí mismo (llegó a tener los abogados más caros del país y ahora que se recibió en la cárcel asume su defensa) en la audiencia en la que la Justicia rechazó su pedido de «liberación anticipada», lo cual provocaba la preocupación de sus víctimas. A Dios lo que es de Dios y a Julio César Grassi lo que es de Julio César Grassi.