El gobierno nacional redobló la presión sobre Axel Kicillof y Jorge Macri alrededor de los subsidios al transporte de colectivos que podrían impactar fuertemente sobre el valor de los boletos a partir del lunes. En la gobernación bonaerense y en la jefatura de gobierno porteño reclaman que la Nación no elimine el pago y la transferencia de subsidios que cubre un porcentaje del boleto de las líneas de colectivos que transitan por ambas jurisdicciones y de la conexión con el subte.
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, defendió la postura de la administración de Javier Milei, que exige que PBA y CABA se hagan cargo de los subsidios. “No puede el gobierno nacional de todos los argentinos seguir subsidiando a dos jurisdicciones por encima del resto del país, no tiene por qué el interior seguir solventando a la Provincia y a la Ciudad. Cada uno de los dirigentes de esas jurisdicciones lo tienen que hacer, como los dirigentes en el interior. Si no quieren que el transporte sea caro, no tiene que pagarlo la Nación, tienen que pagarlo las jurisdicciones”, razonó el ex funcionario de Juan Schiaretti.
La secretaría de Transporte -que depende del ministro de Economía Luis Caputo– había garantizado el lunes que mantendría el beneficio de la Red Sube -los descuentos para más de un transporte- en las 113 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que cruzan el AMBA y las eventuales combinaciones con el ferrocarril.
La ratificación de la Red Sube dejó afuera del combo al sistema de subte porteño que hasta ahora estaba incluido. Tampoco incluye a las 31 líneas de colectivos que se mueven exclusivamente por la Ciudad ni a las empresas numeradas del 200 para arriba en la Provincia que no cruzan la General Paz. Mogetta explicitó que la Nación quiere que se sostenga el beneficio pero que lo cubran las jurisdicciones.
“Queremos que el boleto integrado se mantenga. Escucho a dirigentes de las dos jurisdicciones decir que el gobierno quiere aumentarle el costo a los pasajeros. Queremos que las jurisdicciones mantengan el beneficio, pero que se hagan cargo con sus recursos”, reiteró el secretario.
En el gobierno de Jorge Macri señalan que ese universo de líneas de colectivos nunca fueron transferidas a la Capital. “Dependen directamente en todo del Gobierno. Nunca se realizó la transferencia. Si sacan el subsidio, deberán tomar la decisión de aumentar las tarifas”, explican en el gabinete porteño.
En el ministerio de Economía nacional, en cambio, sostienen que en rigor en 2012, cuando se acordó el traspaso del subte a CABA se estableció en el Acta Acuerdo que en 90 días se harían cargo de las 32 (hoy 31) líneas de colectivos que circulaban por la Ciudad.
Las tres partes tampoco se ponen de acuerdo sobre el flujo de dinero que dejarían de percibir y cuánto aportan a la cuenta nacional. En la gobernación bonaerense, sostienen que se hacen cargo del total del subsidios ($76 mil millones) y que dejarían de recibir alrededor de $5 mil millones. En Nación sostienen que se ahorrarán por las 377 empresas, numeradas del 200 para arriba, inscriptas en Provincia, y arriba del 500, alrededor de $6.500 millones.
En la jefatura de Gobierno porteño señalan que el 50 por ciento de los subsidios para las 31 líneas de colectivo porteñas representan $7500 millones que ahora debería afrontar la Ciudad junto con la mitad restante que ya paga y los $1500 millones del recorte del boleto integrado de la Red Sube, lo que da un total de $16.500 millones.
En el ministerio de Infraestructura porteño calcularon que el costo de los pasajes de colectivos para las 31 líneas que circulan exclusivamente por la Ciudad pasaría de $371 a $ 642 si la Nación dejara de cubrir los subsidios.
El ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D`Onofrio, consignó que la Provincia recurrirá a la Corte Suprema para reclamar por el recorte y el posible aumento del boleto, porque existen impuestos para solventar el gasto y está vigente en el Presupuesto. “Van a usar la plata para otra cosa. Van a incurrir en una malversación de fondos públicos. Estamos convencidos de que el lunes no existe más el programa y que la gente va a pagar ciento por ciento del boleto y van a decir que la culpa es de la Provincia”, se lamentaron en el equipo del funcionario massista.
Destacan que el Gobierno ya cayó en ese incumplimiento con la eliminación del Fondo compensador para el Transporte que recibían las provincias y que por ley hay impuestos asignados para esa partida.
“Estamos abiertos a charlar, no queremos que se perjudique a los bonaerenses, no queremos que se perjudique a los del Interior. Tenemos una imposibilidad jurídica de hacer frente a esto”, dijo D`Onofrio a Clarín.
Hay en total 3.5 millones de tarjetas SUBE nominalizadas que realizan 9 millones de “operaciones” por día, lo que sugiere que en promedio cada usuario hace un total de 2.5 viajes por día, pero esa media crece hasta 3.5 en el segundo y tercer cordón del conurbano.
Por eso, en la Provincia destacan que los usuarios que viven más lejos de sus lugares de trabajo y deben tomar entre dos y tres colectivos serán los más afectados. Enfatizan que las combinaciones entre líneas “nacionales” representan nada más que el 20 por ciento de los viajes de la Red Sube. El ministro bonaerense intercambió la semana pasada notas por el sistema de gestión documental electrónica (GDE) con Caputo para tener una definición. No hubo hasta ahora voluntad de diálogo.
El enojo contra la gestión de Milei rehabilitó el diálogo entre el gabinete de Kicillof y el de Jorge Macri. El primero es el enemigo público del Presidente por ser su opositor más férreo. El jefe de Gobierno choca con Caputo por la metodología del pago de la coparticipación. En la Ciudad admiten que la tensión va in crescendo.
Los dos ministros locales y Mogetta habían coincidido en reuniones ante el Banco Mundial para avanzar en acuerdos. “Ahora le discusión se reduce a quién va a pagar el pagar el costo político del aumento de tarifas”, reflexiona un dirigente con pasado en la gestión porteña y en la bonaerense. Los interlocutores de Milei sostienen que esa ecuación no lo preocupa; solo mira la inflación y las cuentas fiscales.