El Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader), integrado por Patricia Bullrich y Waldo Wolff, entre otros, y representado por el abogado Tomas Farini Duggan, pidió este martes a la Cámara Federal porteña la detención del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad. La solicitud de Farini Duggan fue respaldada por los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe e incluye también al líder del Congreso, el general retirado Diosdado Cabello, entre otros militares.
Sucede que el juez federal Sebastián Ramos rechazó la detención de Maduro y los militares acusados de ejecutar un plan sistemático de asesinatos, secuestros y torturas contra la oposición que ganó las últimas elecciones pero la dictadura no la reconoce.
Los jueces de la sala I de la Cámara Federal porteña Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, deberán decidir ahora si anulan la decisión del juez de instrucción.
Los delitos, desde el tratado de Roma, tienen jurisdicción universal y por eso la Justicia argentina puede investigar lo que pasa en Venezuela. Aunque Maduro no se presentará en los tribunales argentinos, el caso podría terminar con un pedido a Interpol que le impediría circular por la mayoría de los países del mundo.
En su alegato, Farini Duggan amplió la denuncia por desaparición forzada de personas, en perjuicio de Rafael Sivira, Freddy Superlano, 25 estudiantes de la UNES (que habían denunciado la imposición del voto en favor de Nicolás Maduro); la detención de 749 manifestantes que han sido acusados de terrorismo, y seis nuevos asesinatos provocados por fuerzas de seguridad en el marco de las protestas por el fraude electoral: 3 de los 6 ejecutados eran menores de edad: de 15, 16, 19 años.
“Todas estas acciones forman parte de un plan sistemático ejecutado por el gobierno que dirige Nicolás Maduro para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder bajo una dictadura cívico-militar”, agregó.
Así “lo han declarado sin eufemismos todos los gobiernos y todas las instituciones internacionales representativas y democráticas del planeta. Incluyendo al Papa Francisco”.
En su alegato, Farini Duggan recordó que “desde el inicio del proceso, y en sucesivas presentaciones posteriores, esta parte ha denunciado y ampliado la presentación original para que el Tribunal, cuya competencia ya ha sido declarada, investigue hechos concretos que conforman un plan sistemático de desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, violaciones y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por los organismos de seguridad y grupos armados dirigidos desde las más encumbradas autoridades del régimen que gobierna la República Bolivariana de Venezuela”.
“Esos hechos sucesivos y sistemáticos ocurren en forma ininterrumpida desde el año 2014 al presente; y se han agravado a partir del último proceso eleccionario”, agregó el letrado.
En julio, como informó Clarín, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader), integrado por el ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff, entre otros, y representado por el abogado Tomas Farini Duggan, pidió al juez Sebastián Ramos y al fiscal Carlos Stornelli la indagatoria del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad.
En un escrito, Farini Duggan reclama que se efectivice la citación del autócrata venezolano “bajo apercibimiento de disponer su captura internacional en caso de no presentarse sin debida justificación” ante la justicia argentina.
El letrado reiteró la jurisdicción universal para los crímenes contra la humanidad basándose en un fallo de la Cámara Federal, el Tratado de Roma y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Recordó que la Cámara Federal porteña estableció que “los hechos denunciados deben ser investigados por el Tribunal, pues se trata de crímenes sujetos a la jurisdicción universal, y de conformidad con el derecho interno, el juez Ramos debe investigarlos, incluso pese a que han sido cometidos en el extranjero, por extranjeros y contra extranjeros”.
Los delitos que señala el abogado fueron descriptos por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas (ONU) que dirigió la ex presidente de Chile Michele Bachelet y los acusados son Maduro y los mandos altos, medios y bajos de su gobierno.
Esos informes documentan y describen la forma en que en Venezuela han ocurrido violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, cometidos por los grupos de seguridad. Las ejecuciones extrajudiciales tuvieron como principales víctimas hombres jóvenes, los cuales se determinó fueron asesinados luego de estar bajo la custodia de las fuerzas de seguridad, dice el abogado en su presentación.
“Se documentaron casos de abuso sexual y torturas cometidas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuerpo que en múltiples oportunidades se negó a liberar a los detenidos a pesar de tener órdenes para hacerlo, así como casos de tortura que incluyeron amenazas de violación, acoso, asfixia y electrochoques. Hay evidencia de que estos actos fueron realizados bajo la supervisión de sus oficiales al mando, quienes también tienen responsabilidad”, agregó.
En el primer informe de la ONU “se revisaron más de 400 ejecuciones extrajudiciales y se seleccionaron 18 para demostrar lo que ocurre en Venezuela”, finalizó.