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Advierten que el Plan de Inteligencia de Santiago Caputo habilita el espionaje político

Javier Milei autorizó un plan que pone a la SIDE a hacer «inteligencia interna» para anticiparse a hechos o circunstancias que condicionen la relación con Estados Unidos e Israel o erosionen el frente financiero, las políticas económicas o las empresas.

Uno de los especialistas que accedió a las 170 páginas elaboradas por el jefe del organismo de inteligencia, Sergio Neiffert, deslizó que el documento «habilita a la SIDE a caminar a cualquier ciudadano».

El especialista indicó que también hay «falta de doctrina» y aparecen palabras sueltas como «ultraespacio», un término que solo existe en los dibujitos animados japoneses conocidos como Pokemon.

La referencia apunta al apartado dedicado a la «Disputa de superpotencias en nuevos dominios como el ultraespacio, el ciberespacio y el ambiente de la información». «La palabra ultraespacio no existe en el idioma castellano ni en la jerga de la inteligencia o de la seguridad. Es una palabra del universo Pokemon, donde se define al ultraespacio como ‘un universo alterno y el lugar de donde proceden los ultraentes'», precisó una fuente, y agregó: «Nos gobierna un grupo de otakus».

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El problema es que la pasión por el manga de los libertarios es tan solo un detalle frente al apetito represivo y el reconocimiento de que la explotación de recursos naturales, la afectación o catástrofes ambientales y el cambio climático podrían generar reacciones sociales a las que el gobierno debe anticiparse. Contra la negación permanente del Presidente ante lo que considera la «agenda woke», Neiffert elaboró un libraco que ubica entre sus objetivos particulares la necesidad de «producir conocimiento anticipatorio para la identificación de riesgos y amenazas del cambio climático y su impacto en la economía regional y en sus derivaciones sociopolíticas».

Pero ya en la página 29 del plan presentado por el jefe de la SIDE, que llegó hasta allí por ser amigo del padre de Santiago Caputo, se propone detectar «situaciones, actores o circunstancias» que condicionen «el relacionamiento estratégico» con Estados Unidos e Israel. «Por la ambigüedad con que está redactado, cualquier manifestación en las calles o en las redes puede se considerada como un condicionamiento», alertó un estudioso del tema.

De hecho, el lineamiento estratégico Nº 8 del plan está dedicado al terrorismo. En ese tramo, se enumeran como focos de atención las «exteriorizaciones incitando el desarrollo de acciones en favor del racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de intolerancia» y «las actividades o manifestaciones en vías públicas y otros ámbitos de asistencia masiva, que pudieran ser blancos de oportunidad para acciones de violencia de odio».

Cualquier crítica pública, venga del periodismo, la oposición política o un usuario en redes sociales puede ser objeto de tareas de inteligencia y persecución de la reflotada SIDE. 

Lo paradójico es que Neiffert, Caputo y Milei, que alimentan el ejército de trolls libertarios, creyeron pertinente que el aparato de inteligencia se dedicara a desmontar las fake news, bajo el imperativo de intervenir sobre la «desinformación o injerencia cognitiva, difusión de información falsa o engañosa».

En ese sentido, se proponen «producir información» sobre «actores estratégicos, hechos o circunstancias que procuren erosionar la confianza en el sistema financiero; generar pérdida de confianza en las políticas económicas de la Nación; generar impacto negativo en la inversión y el crecimiento económico de la Nación; erosionen la reputación, prestigio, imagen y legitimidad de las empresas asentadas en territorio nacional». Cualquier crítica pública, venga del periodismo, la oposición política o un usuario en redes sociales sería objeto de persecución. «Van a caminar a todo el mundo», alertaron a LPO.

El diseño de esos objetivos traspasa todos los límites legales. Según el inciso 2 del artículo 4º de la Ley de Inteligencia, «ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción».

El celo de las autoridades está puesto, además, en el desgaste de la propia imagen de Patricia Bullrich o Luis Petri. Porque también pretende seguir «actores, hechos o circunstancias que busquen erosionar la confianza de la sociedad sobre los responsables de la Seguridad de la Nación».

Sin embargo, el objeto de la SIDE podría virar hacia el propio Milei, cuando menciona que deberá atender a los que «procuren instalar temáticas de conflicto con terceros Estados»; «propaguen información falsa sobre posibles atentados terroristas»; «influyan en el debilitamiento de la confianza en las autoridades sanitarias, el conocimiento científico del área o la eficacia de la ciencia aplicada en la jurisdicción nacional»; o «fomenten riesgos para la salud mental de la población nacional». Las intervenciones del primer mandatario contra los presidentes de Colombia, Brasil y México o los gobiernos de Cuba, China o Rusia lo pondrían bajo el radar de los servicios de inteligencia que encabeza.

El aspecto más llamativo del plan tal vez sea el lineamiento estratégico Nº 4, dedicado a la «Proyección Antártica Nacional y la Presencia Extranjera en el Atlántico Sur e Islas Malvinas». «Ese punto del plan parece escrito por alguien que conoce la política exterior argentina en el reclamo de soberanía por las Malvinas y el carácter estratégico de la Antártida pero contradice en todo a Milei», aseguró una fuente.

Como si fuera poco, la introducción del material está firmada por Neiffert, quien deplora los últimos 20 años de la inteligencia en Argentina y promueve el retorno a la SIDE anterior al ascenso del kirchnerismo, con el compromiso de aventar riesgos de cualquier atentado terrorista. Acaso olvidó los casos de la Embajada de Israel y la AMIA.

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