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El Gobierno llama a licitación por la Hidrovía: busca un contrato a 30 años con operadores privados

El Gobierno anuncia esta tarde el llamado a licitación para la privatización de la Hidrovía, tal como venía anunciando que sucedería con su paso a manos privadas desde la llegada de la administración libertaria. El anuncio quedó a cargo del jefe de ministros, Guillermo Francos, en la sede de la Administración General de Puertos, en Puerto Madero, junto a empresarios del sector logístico y funcionarios del área. El paso a manos privados será por treinta años, con opción de prórroga a treinta más, adelantaron desde la Casa Rosada.

Con un tránsito anual de aproximadamente 4000 barcos y 79 puertos involucrados, la Hidrovía canaliza el 80% de las exportaciones argentinas, lo que lo convierte en un negocio estratégico. Las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Buenos Aires tienen acceso directo a ella y buscaron participar del diálogo con empresarios y funcionarios nacionales por el futuro de la vía. Lo mismo sucede con provincias como Córdoba que, sin acceso directo al río, utilizan igualmente la Hidrovía para movilizar su producción.

El de la Hidrovía es un tema espinoso entre La Libertad Avanza (LLA) y el macrismo. Fuentes de gobierno negaron que Mauricio Macri haya tenido que ver con las negociaciones y preparativos de la licitación. “Nunca acercaron absolutamente nada”, dijo un funcionario de Casa Rosada a LA NACION, en alusión a Pro.

La resolución que abre las puertas a la privatización de la vía se conocerá en las próximas horas a través del Boletín Oficial. Las condiciones del pliego marcan que la vía volverá a ser una concesión privada, a riesgo empresario y que el Estado ya no estará ligado a la gestión ni al mantenimiento de la misma.

Guillermo Francos durante el anuncio de llamado a licitación de la Hidrovía

La licitación será llevada adelante por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a cargo de Iñaki Arreseygor, y las ofertas podrán presentarse hasta el 29 de enero próximo. El proceso está abierto tanto a empresas nacionales como internacionales y el Gobierno no descarta una eventual prórroga de tiempo si fuera necesaria. La mira, reconocen, está puesta en los grandes jugadores del sector: firmas holandesas, chinas y belgas, como Jan de Nul, que opera desde años la Hidrovía.

Lo que se licita es la operatoria actual, en manos del Estado, para que el ganador se tome un año en proponer las mejoras al sistema troncal de navegación en diálogo (y aprobación final) con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegable de la Nación.

En el anuncio, en el que estuvo acompañado con varios de los representantes del sector privado y productivo, Francos adelantó que los pliegos contemplan una “fuerte modernización” de la gestión de la vía fluvial. Entre otras medidas, está previsto que se sumen bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques. También, que se renueve totalmente la señalización, “generando una navegación más segura” y con mayores “medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.

El futuro concesionario, que pondrá fin a la estatización provisoria de la Vía Navegable Troncal (las tareas de dragado nunca dejaron de estar en manos de privados), deberá cumplir el plan de obras establecido en los pliegos de la licitación y el nuevo contrato, que determina las etapas de obras prioritarias que se deberán realizar en los primeros cinco años de la concesión.

El pliego, según se especifica en el modelo de contrato, contempla una licitación por un plazo de 30 años, que permitirá “una amplia participación de las empresas más importantes del orden mundial en términos de obras fluvio-marítimas”, según el Gobierno.

La Casa Rosada aspira a que quien gane la licitación modernice la Hidrovía y asegure condiciones competitivas: explicaron que la profundidad actual “solamente permite cargar los grandes buques graneleros al 75% de su capacidad” y lo que se busca es “incrementar la carga” para mejorar los tiempos de viaje y las operaciones de carga y descarga, y, “por ende, la competitividad de nuestra industria exportadora”.

Además de la “homogeneización de profundidades” para evitar el efecto embudo en el río de la Plata, se trabajará en nuevas zonas de sobrepaso y fondeo, la incorporación de nuevas tecnologías y el recambio de la totalidad del equipo de balizamiento, nuevos sistemas de aviso a las embarcaciones en caso de accidentes y la incorporación de “cartas náuticas digitales, de sistemas tecnológicos para apoyo a la gestión del tráfico e identificación de los buques, así como iluminación antinarcotráfico y antiterrorista”, respaldada por un sistema de drones, agregaron desde el oficialismo.

En cuanto a cuidado ambiental, la empresa ganadora deberá encargarse de la remoción de barcos hundidos y abandonados en los primeros años de contrato. También de los derrames.

La licitación prevé lograr una profundización de 39 pies en el tramo Timbúes-Océano, así como nuevas zonas de fondeo y sobrepaso.

“Uno ve el empuje que tiene la economía en este período, que realmente es impresionante, y todos auguran un crecimiento muy grande para el año próximo, así que en buena hora que hayamos podido conciliar los distintos intereses en este pliego. En reuniones que hemos mantenido con el Presidente de la Nación y los gobernadores, todos han planteado la necesidad de llegar a un entendimiento”, dijo Francos en su presentación.

“Esperamos generar una vía apta para el comercio internacional de la Argentina, que sea aprovechada no solamente por los productores, los empresarios que han participado hasta aquí con sus productos, sino fundamentalmente por las empresas nacionales e internacionales que están interesadas en participar del dragada y balizamiento nuevo”, sumó.

Entre quienes acompañaron hoy a Francos, estuvieron Arreseygor; el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio; el presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Luis Zubizarreta; el vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Iocco; y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras.

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