El pasado jueves 21 de noviembre, el oficialismo local presentó el paquete presupuestario compuesto por el Proyecto de Ordenanza para el Presupuesto 2025 (n° 11943) , así como la Ordenanza Tarifaria Anual (OTA por sus siglas y P.O. n° 11945) y el Código Tributario Municipal (CTM, P.O. n° 11944).
En el mensaje de elevación de la «ley de leyes» que consta de 20 páginas, el PJ conducido por Daniel Passerini, intenta, con poco éxito, camuflar lo evidente: tras una serie de consideraciones absolutamente génericas y vagas, el texto de la ordenanza da pie a lo inocultable: la gestión prevé un nuevo endeudamiento usurario, más beneficios a las grandes empresas, tarifazos y migajas a los sectores populares.
En el Capítulo II del presupuesto, que va de los artículos n° 9 al 16, está previsto un endeudamiento de hasta 150 millones de dólares a corto plazo, y más del triple de esta suma para el endeudamiento a mediano plazo – 4 años – con diversos tipos de herramientas financieras existentes en el mercado de capitales. Ya en las primeras líneas del mensaje de elevación, vanagloriándose de la alta calificación en el mercado financiero del municipio cordobés, anticipan esta posibilidad declarada en el articulado del proyecto de ordenanza. Se disponen así a seguir hipotecando el futuro de la población cordobesa, tono con la deuda multimillonaria heredada del gobierno radical que jamás cuestionó sino que cumplió a rajatabla y allí está la responsabilidad de un resultado primario deficitario.
A su vez, tal como declaró la concejal Vilches, «el gobierno municipal se esfuerza por desatacar que cumplen con la máxima de «responsabilidad fiscal» impuesta por todos los pactos fiscales de los gobiernos de Macri, Alberto Fernández y Cristina Fernández y ahora profundizado por Milei para rendir tributos a la deuda con el FMI. Esto ha generado el empobrecimiento de más del 50% de la población de nuestro país. Cínicamente, el mensaje de elevación dice que prestarán particular atención a Niños, Niñas y Adolscentes, cuando son estos sectores los más vulnerados por las políticas de ajuste para garantizar la «responsabilidad fiscal» y por eso más del 62% son pobres en nuestro país y más del 50% en la provincia, concentrándose en Córdoba altas cifras».
Por otro lado, tras la máxima del sostenimiento del equilibrio fiscal y la búsqueda de un resultado superavitario, el mensaje de elevación señala con el pomposo titulo de «desarrollo local sostenible» la consecuencia de descargar sobre las y los usuarios del transporte público de pasajeros el corte de los subsidios a los empresarios dispuesto por el gobierno de Milei, así como la caída en la recaudación y en la actividad.
Al respecto, Vilches señaló que «el costo de sostener ese «equilibrio fiscal» son los tarifazos del transporte, agua, gas, electricidad de la gestión Llaryora-Passerini en Córdoba. El aumento del 600% del costo del boleto urbano en menos de dos años, es la muestra palmaria de ello. Por eso, todas las políticas que presentan como destacadas en el mensaje de elevación, son paliativas de la miseria social generada, mientras avalan la Ley Bases de Milei con su reforma laboral flexibilizadora y acaban de adherir al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), es decir, enormes fortunas para los grandes empresarios que vienen amasando millones bajo todos los gobiernos, como la multinacional ARCOR que en nuestra ciudad, acaba de dejar 60 familias en la calle porque prescindió de los servicios de la tercerizada para la reposición externa».
Acorde a este señalamiento, en el Proyecto de Ordenanza Tarifaria Anual (OTA, n°11945) se anuncia la precisión de la reducción de alícuotas a la actividad comercial, industrial y de servicios y a la industria manufactureras y a los desarrollistas urbanos, en un promedio 15%. Esto contrasta claramente con la medida marquetinera de eliminación de 100 tasas municipales con bajo impacto presupuestario, o con la degradación y desjerarquización de áreas sensibles como la de género y diversidad que, cabe señalarlo en vísperas de un nuevo día internacional contra a violencia hacia mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binaries, se pasó de ser Secretaría a Subdirección, con una asignación presupuestaria que representa el 0,019% anual.
Como señaló la Concejal Vilches, «el gobierno dice que no hay plata para salarios de trabajadores de la planta municipal que garantizan que la ciudad funcione en una situación de mayor recarga de las tareas del sector público ante la recesión y la pérdida de empleo, precarización, aumento de la demanda en la salud y educación públicas, pero garantiza las jugosas ganancias de los capitalistas de la ciudad. Para la clase trabajadora y los sectores populares, deja las migajas por eso, desde nuestra banca rechazaremos estos proyectos de ordenanza y nos solidarizamos con cada sector en lucha contra el ajuste que estas políticas de Passerini, Llaryora y Milei encarnan».