El caso de César Arakaki tuvo un nuevo giro después de ocho años de tramitación judicial. El 26 de diciembre, la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, resolvió en un fallo dividido reducir la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3. La pena inicial, de 3 años y 4 meses de prisión, fue rebajada a 3 años tras declararse prescripto el delito de atentado contra la autoridad, uno de los cargos por los que Arakaki había sido condenado.
Además, también en votación dividida, Casación determinó que la pena deberá cumplirse de manera efectiva, rechazando la propuesta del juez Mahiques de otorgar el beneficio de la ejecución condicional. Un fallo gravísimo que busca aumentar la persecución sobre la protesta social.
Esta decisión judicial llega luego de un proceso plagada de arbitrariedades, confirmando una condena sin sustento probatorio, ya que el efectivo de la policía retiró su acusación como querellante ante la evidencia presentada de que sus lesiones no fueron provocadas por Arakaki. La insistencia en la condena, así como la utilización del delito de “intimidación pública” es un grave antecedente que ataca las libertades democráticas y el derecho a la protesta.
Ante esta decisión escandalosa, la defensa de Arakaki anunció que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, buscando revertir la medida. Sin embargo, ninguna confianza puede dar un Poder Judicial viciado de disputas de poder junto a los gobiernos de turno y lobbies empresariales, y que luego de ocho años sigue confirmando esta condena.
El gobierno de Milei con Patricia Bullrich, quien también estuvo a la cabeza de la represión del 2017, vienen avanzando en intentar restringir cada vez más el derecho a la protesta e incrementar la persecución a los sectores que luchan contra el ajuste. El último hecho brutal fue el asesinato de Fernando Gómez en Salta en el marzo de la represión a los trabajadores, por el cual se inició una campaña exigiendo justicia y que se investiguen los responsables.
Las jornadas de lucha contra la regresiva reforma Previsional
César Arakaki fue encarcelado y condenado por su participación en las multitudinarias movilizaciones del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Esa jornada, en la que más de 70.000 personas rodearon el Congreso Nacional, estuvo marcada por una violenta represión policial, dejando decenas de heridos y detenidos.
Días antes, el 14 de diciembre, otra masiva protesta obligó a suspender la sesión parlamentaria. El gobierno desplegó más de 3.500 efectivos de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, utilizando gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes para dispersar a los manifestantes. La represión dejó más de 80 heridos, entre ellos varios con lesiones graves como la pérdida de visión, y más de 160 detenidos. Sin embargo, ningún agente policial fue sancionado por estos hechos.
La movilización del 18 de diciembre fue otra muestra del rechazo popular a una reforma que significaba un ajuste sobre jubilados. Un ajuste que se profundizó de manera constante bajo los siguientes gobiernos y ahora, con Milei a la cabeza, es uno de los sectores más golpeados por los recortes al gasto público. Pese a la represión, columnas de trabajadores y organizaciones sociales se hicieron presentes, señalando que las calles podían ser un límite al avance de las políticas regresivas.
Estas jornadas históricas dejaron en claro que, pese a las divisiones y la represión, la organización y las calles siguen siendo un terreno clave para enfrentar políticas que afectan a las mayorías populares.
La condena a Arakaki, en este contexto, no puede desvincularse de una intención de disciplinar la protesta social. Mientras los responsables de la violencia policial permanecen impunes, el fallo busca acallar la capacidad de movilización de los sectores populares.
Esta sentencia se da en un momento donde Milei continúa aplicando medidas de ajuste, en función de beneficiar a grandes grupos económicos y pagar la deuda con el FMI, y junto a Patricia Bullrich buscaron reprimir muchas manifestaciones de trabajadores, jóvenes, jubilados, atacar las libertades democráticas y la lucha por los derechos humanos. Cientos de heridos, como el abogado del CeProDH Matías Aufieri, decenas de detenciones y causas contra quienes luchan contra el ajuste, y ahora el primer muerto, asesinado en una represión, bajo el gobierno de Milei.
Frente a este panorama, donde las respuestas en la calle se han sostenido durante todo el año a pesar de las amenazas represivas, es necesario que redoblar esta lucha y organizarse para detener la criminalización de la protesta social y el avance de la derecha, exigiendo justicia por Fernando Gómez, y la contra la condena al compañero Arakaki