¿Por qué quieren llevar adelante el desalojo de la Lof Pailako? Acá un pequeño resumen
Este jueves 2 de enero, el oficial de justicia junto a la policía federal, el intendente del Parque Nacional Los Alerces y personal de Parques, se hicieron presentes para notificar el aviso de desalojo con fecha 9 de enero ordenado por el juez Guido Otranto.
El 30 de diciembre pasado, y en menos de dos horas de su presentación, el Juez Federal Guido Otranto rechazó un recurso de revocatoria solicitado por Gabriel Nahuelquir, representante del Consejo de Participación Indígena (CPI) del Pueblo Mapuche en Chubut, con la asistencia legal de Sonia Ivanoff y el patrocinio de Adán Costa Rotela. (ambos abogados especialistas en derecho de los pueblos indígenas). Además, rechazó el recurso interpuesto por la defensa ejercida por La Gremial y emitió un mandamiento de lanzamiento que ordena el desalojo de Lof Pailako y su ejecución en los próximos 5 días, con habilitación de feria judicial.
El 10 de diciembre de 2024 se conoció el decreto 1083/2024 de Javier Milei que declaró el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, dispuesta en la Ley 26.160. Este decreto habilita los desalojos de más de 300 causas contra los pueblos originarios de sus territorios ancestrales.
El inminente desalojo y la expulsión de la Comunidad Pailako Mew del Parque Nacional Los Alerces de sus tierras ancestrales, tiene un objetivo, dar vía libre al extractivismo y al negocio inmobiliario. Esto en el marco de la sanción del RIGI.
Recordemos que la demanda para desalojar fue realizada por la Administración de Parques Nacionales, cuyo presidente es Cristian Larsen y por el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres.
El gobernador de Chubut Ignacio Torres festeja este fallo racista. Mediante una campaña contra la Lof Pailako desde que asumió en diciembre de 2023 y dijo entre otros tantos ataques que “hay que hacer cumplir la ley y no permitir que los delincuentes se apropien de lo que no les corresponde”. Además de que “su gobierno fue el primero en presentar una denuncia y solicitar la intervención de la Nación para llevar a cabo el desalojo de las tierras usurpadas”.
Este ataque a la Lof Pailako y a todas las comunidades originarias es un ataque a sus derechos ancestrales al territorio que habitan y reivindican.
Las comunidades originarias son las primeras en defender nuestras tierras, el agua contra la explotación minera o inmobiliaria. Este fallo busca «liberar» el territorio de posibles focos de resistencia a los planes de explotación de los bienes comunes. Además de que es profundamente racista ya que niega, no solo la preexistencia de dichos pueblos, sino el genocidio que realizó Roca con la Campaña del desierto.
Ratificamos nuestro apoyo incondicional a la reivindicación territorial de la Lof Paillako y repudiamos la orden de desalojo a la Comunidad.