En línea con otras decisiones recientes de política exterior -aranceles a las importaciones de acero y aluminio; tarifas a productos Canadienses, Chinos y Mexicanos- Donald Trump ordenó a la Fiscal General que detenga, por 180 días, las investigaciones actuales seguidas por violaciones a la FCPA (la Ley que prohíbe el pago de sobornos a funcionarios públicos y candidatos políticos extranjeros). En ese plazo, la fiscal general debe emitir una nueva guía orientada a que la aplicación de esa ley promueva “la competitividad de las empresas estadounidenses” y el “uso eficiente de los recursos federales”. La semana pasada, la Fiscal General ya había anunciado que redirigiría los recursos de la unidad que investiga sobornos en el extranjero a casos con vinculaciones con el crimen organizado y el narcotráfico.
El argumento según el cual la FCPA perjudica a las empresas estadounidenses es débil. Por un lado, porque la FCPA no sólo aplica a empresas estadounidenses. También aplica a aquellas que cotizan en la bolsa americana y a aquellas que tengan actividades significativas en los Estados Unidos. Sólo en 2024, el Departamento de Justicia y la Securities and Exchange Commission impusieron importante multas a Gunvor (Suiza), Trafigura (Suiza), Adani Group (India), Telefónica Venozolana (subsidiaria de Telefónica España), SAP (Alemania), entre otras empresas extranjeras. Y así ha sido en las últimas dos décadas. Basta recordar las millonarias multas impuestas a empresas como Siemens (Alemania, US$ 800m), Alstom (Francia, US$ 772m), BAE (Reino Unido, US$ 400), Total (Francia, US$400m), Snamprogetti (Holanda/Italia, US$ 350 millones); Technip (Francia, US$ 338m), JGC Corp. (Japón, US$ 218m), Dailmer (Alemania, US$ 185), entre muchísimas otras.
Más aún, esta tendencia promovió que otros países legislaran y aplicaran leyes contra el soborno de funcionarios extranjeros: Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Australia, Noruega, Holanda, Canadá y Brasil figuran entre los países más activos, junto con Estados Unidos, en la aplicación de leyes similares a la FCPA. Ello aumentó, además, la cooperación internacional en la investigación de casos transnacionales complejos.
De hecho, muchos analistas consideran -al contrario de lo que Trump sostiene ahora- que la FCPA ha sido, al menos en ciertas administraciones, un instrumento de política exterior estadounidense para disciplinar a empresas no estadounidenses que desnivelaban la competencia pagando sobornos. Muchos de esos autores analizaron si la FCPA generaba desventajas competitivas a las empresas estadounidenses y ninguno encontró evidencia concluyente.
Por otro lado, las empresas multinacionales sujetas a FCPA (sean o no estadounidenses), o sujetas a leyes similares en sus países de origen, en general se sienten respaldadas por estas leyes para negarse a pagar sobornos requeridos -a veces de modo extorsivo- por funcionarios públicos o candidatos políticos. Negarse a pagar porque el hecho será descubierto por la casa matriz o por autoridades extranjeras es más “digerible” para quien demanda el soborno que una simple negativa basada en razones puramente morales. Además, en 2024 entró en Estados Unidos en vigor otra ley, la Foreign Extortion Practices Act (FEPA), que castiga a los funcionarios públicos extranjeros que soliciten sobornos a empresas estadounidenses. Conjuntamente con la FCPA, la FEPA cierra un círculo de protección a las empresas que previene fuertemente la corrupción.
Sin dudas, la decisión de Trump despertará reacciones. Tanto de los países que montaron una burocracia institucional – investigadores, fiscales, jueces, oficinas anticorrupción, etc- para aplicar leyes similares como de las empresas que se montaron estructuras de compliance para prevenir el soborno en sus operaciones.
Y aunque la decisión de Trump es impactante, es difícil creer que luego de 30 años de una campaña global relativamente exitosa para reducir la corrupción en los negocios internacionales, las nuevas prioridades que emitirá la Fiscal General modifiquen significativamente el panorama global actual en el corto plazo.
El autor es socio del estudio Bruchou & Funes de Rioja y profesor de la Universidad de Nueva York.
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