Javier Milei logró uno de sus objetivos políticos tras la violenta jornada de protesta del miércoles, al instalar la narración del intento de desestabilización por parte de la oposición. De hecho, la ostentación de «mano dura» lo reconcilió con su base electoral. Pero ahora le queda dar una nueva «batalla cultural» que todavía está en plena disputa: si efectivamente está logrando que los jubilados mejoren su situación respecto del gobierno peronista.
En estos momentos las redes sociales y los medios de comunicación son el escenario de una pelea en la que ambos bandos utiliza los números según su conveniencia para acusarse mutuamente.
¿Las jubilaciones bajan o suben? El debate después de los violentos incidentes en el Congreso
Los propios funcionarios del equipo de Luis Toto Caputo se pusieron en esa tarea. Como Felipe Núñez, uno de los principales asesores en materia fiscal y monetaria, quien argumentó: «Las jubilaciones se destrozaron durante el gobierno de Alberto, Cristina y Massa; y llegaron a caer un 30% en términos reales en los primeros 11 meses de 2023 en medio de un plan platita para ganar las elecciones. Desde entonces, se recuperaron un 9% en términos reales«.
Pero también hay una multitud de análisis en el sentido opuesto, y no todos son de economistas afines al kirchnerismo, sino que vienen de analistas de línea más «ortodoxa» y con influencia sobre el mercado.
Por caso, Christian Buteler, apelando a las cifras comparadas entre la jubilación mínima -incluyendo bono- de hoy respecto de la de diciembre de 2023, afirma que hubo una pérdida de 24% en términos reales, por la diferencia contra la inflación de 185,9% transcurrida en ese período.
Por su parte, Damián Di Pace diferencia entre los jubilados de la franja máxima, que llevan una recuperación de 2,9% desde que asumió Milei mientras los de la mínima perdieron un 2%. E incluye cálculos para los gobiernos anteriores: una pérdida real de 18,5% durante la gestión de Mauricio Macri y una de 27,4% en la de Alberto Fernández para los de la máxima, así como una caída de 4,6% para la mínima.
Fernando Marull comparó cómo sería la performance de las jubilaciones de diciembre pasado si se siguiera aplicando la fórmula que introdujo Martín Guzmán en 2020 y la de Macri de 2017: sin contar el bono complementario, la mayor sería la de Macri, que a pesos de hoy se ubicaría en $282.000, seguida por la nueva de Milei, con $265.000 y por último la del gobierno pasado, con $258.000.
En definitiva, hay varias discusiones sobre la mesa: desde cómo están confeccionadas las fórmulas indexatorias hasta el sistema de bonos compensatorios y cómo en períodos de alta inflación la pérdida es mucho mayor de lo que surge del análisis «punta a punta».
Y, por cierto, no faltaron quienes señalaron como origen de los males la estatización de las AFJP en 2008, ni las moratorias que permitieron que más de cuatro millones de personas se hayan jubilado sin contar con los aportes mínimos requeridos.
¿Las jubilaciones son la variable de ajuste?
Puede parecer extraño que en una discusión sobre números haya posturas tan radicalmente diferentes, al punto que mientras Caputo argumenta que el año pasado las jubilaciones ganaron un 12,7% en términos reales, otros sostengan, con números y gráficos en la mano, que hubo una pérdida de poder adquisitivo. Pero, como afirma un viejo refrán de los economistas, «si los datos estadísticos se torturan lo suficiente, terminarán por confesar lo que uno quiere».
Esto implica que se intensificará la batalla retórica por imponer el relato respecto de quién ha hecho más por los jubilados. Y, dado que resulta un tema sensible socialmente y traspasa a todas las clases sociales y preferencias políticas, este debate puede influir sobre las elecciones legislativas de octubre.
Del lado opositor, el argumento es claro: Milei eligió a los jubilados como variable del ajuste, y no habría sido posible obtener el superávit fiscal si no se hubiese recortado los haberes en términos reales.
No es un tema fácil de responder para el Gobierno. Para empezar, porque en el primer semestre del año pasado eso fue exactamente lo que ocurrió: al mantener la fórmula Guzmán en un contexto de inflación desbocada, se produjo el «efecto licuación». Los datos son elocuentes: en febrero del año pasado, el rubro de jubilaciones -por lejos el más importante del presupuesto- tuvo una impactante caída real de 38%.
La situación llegó al extremo inédito de que el propio Fondo Monetario Internacional se asustó, y pidió explícitamente que el equilibrio fiscal se realizara de una forma socialmente sostenible. En aquel momento, el argumento de Caputo era que la culpa era de la fórmula indexatoria heredada del gobierno anterior, y que la situación se corregiría cuando se aplicara la nueva, que ataría las jubilaciones a la inflación.
Vuelve a subir el gasto previsional
Como se preveía que progresivamente el IPC iría a la baja, decía el Gobierno, las jubilaciones recuperarían poder adquisitivo. De hecho, el Gobierno puede hoy afirmar que, contrariamente a lo que dicen sus críticos, el sistema previsional no solo no es una variable de ajuste, sino que el gasto público destinado a ese rubro está creciendo aceleradamente.
El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso marca que en febrero pasado hubo un incremento real de 38%. La Anses erogó en el primer bimestre del año $6,9 billones por este concepto -sobre un gasto público total de $17,1 billones-.
Sin embargo, la oposición tiene varios argumentos como para cuestionar esa recuperación -y el mismo hecho de que los jubilados no sigan pagando el ajuste-. Para empezar, está la crucial diferenciación entre los jubilados de la mínima y los de niveles medios y altos. Los primeros cobran un bono complementario, para el cual no se aplica la actualización por inflación. Esto lleva a que el gasto que aumenta por concepto de jubilación pura, se reduzca en términos reales por la inflación.
Puesto en números, el bono significaba, hace un año, un 34% de lo que se pagaba por la jubilación mínima. Hoy, en cambio, el mismo bono apenas representa un 20%.
La reforma vetada, sobre la mesa
Y esta es solamente una parte de la discusión, porque la oposición retrotrajo los temas que se habían discutido en agosto del año pasado, cuando Milei vetó una ley que preveía la «devolución» del 8,1% por el mes de abril 2024, que había quedado «desfasado» en el momento de cambio de la fórmula.
Al día siguiente de la protesta, el senador radical Martín Lousteau dijo que ese fue el origen del conflicto que terminó con la jornada de violencia. «¿Cómo empezó todo? Recordemos: acá hubo algunos que defendieron un veto por un aumento que equivalía a tres kilos de carne picada por mes».
Lo cierto es que en aquella ocasión Milei alegó que si no vetaba la ley, se pondría en riesgo su política fiscal, porque el costo de la reforma implicaba no menos de 0,4% puntos del PBI
El proyecto vetado establecía que en marzo de cada año se diera un aumento adicional por el 50% de la variación salarial -medida por el índice RIPTE- si es que el salario tuviera una evolución superior a la inflación.
Y también cambiaba el criterio para fijar la jubilación mínima -que de hecho es percibida por la gran mayoría de los beneficiarios del sistema-, que debería ser equivalente de 1,09% de la canasta básica que mide el INDEC para un individuo.
La disyuntiva de la pirámide de las jubilaciones
El mayor riesgo político para el gobierno es que la discusión se centre en la capacidad de compra de la jubilación mínima. Y todo indica que es hacia ese punto a donde se dirige el debate.
Porque lo que está haciendo Toto Caputo, de forma deliberada, es revertir el fenómeno de «achatamiento de la pirámide» que se había producido durante el gobierno anterior. Cada vez Alberto Fernández le pagaba un bono a la franja de menores ingresos, pero dejaba un ajuste por debajo del IPC para el resto, estaba haciendo que, en los hechos, los jubilados de nivel más alto subsidiaran a los de la base.
Podía haber argumentos para defender esa postura -a fin de cuentas, los jubilados de la máxima no tienen en riesgo la satisfacción de sus necesidades básicas-, pero se generaba un enojo en buena parte de los jubilados, algo de lo que también se valió Milei en la campaña electoral.
Ocurre que los beneficiarios de la mínima son, principalmente, los jubilados que ingresaron al sistema por régimen de moratorias. Y quienes veían cómo ese grupo se les acercaba mes a mes eran los que habían hecho las contribuciones más altas.
Se estima que, de los aproximadamente 7,5 millones de jubilados y pensionados, apenas un tercio cumplió con todos los requisitos, mientras que el resto ingresó bajo algún régimen de excepción. Solo la última moratoria, votada en plena campaña electoral de 2023, sumó unas 800.000 personas al sistema previsional.
Así, el congelamiento del bono complementario en $70.000 no solamente tiene un efecto de ahorro fiscal: implica, además, una decisión política de resarcir a los jubilados de niveles medios y altos.
Hablando en plata, la jubilación mínima de marzo será de $349.121. Como el bono quedó constante, esto implica una suba 5,9% respecto de diciembre pasado. En cambio, los beneficiarios de la máxima cobrarán $1.878.224 -lo que implica una suba de 7,5%, que le ganará a la inflación, dado que el IPC del trimestre acumulará un 6,8%-.
Es cierto que si la inflación sigue cayendo, llegará un momento en el que la jubilación mínima empezará a crecer en términos reales. Pero no es lo que está ocurriendo ahora.
El gobierno, de momento, ha dado señales de no querer variar su política de «estiramiento» de la pirámide, lo que supone que el bono seguirá congelado. Y ahí queda expuesto uno de los flancos débiles en la pelea con una oposición que encontró la bandera para la movilización callejera.