La medida, dictada a través de una serie de resoluciones, implica que las entidades deberán presentar un plan de contingencia en un plazo máximo de 15 días
10/06/2025 – 08:58hs
La Superintendencia de Servicios de Salud, a través de resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, declaró en situación de crisis a cuatro obras sociales. La medida implica que estas entidades deberán presentar un plan de contingencia en un plazo máximo de 15 días.
Las resoluciones llevan los números 939/2025, 940/2025, 941/2025 y 942/2025, y fueron firmadas por el titular del organismo, Gabriel Gonzalo Oriolo. Según se detalla, la decisión se adoptó tras detectar irregularidades e incumplimientos en el funcionamiento de estas prestadoras.
Qué obras sociales fueron declaradas en crisis por el Gobierno
Las obras sociales afectadas son:
- Obra Social Fedecámaras (FEDECAMARAS)
- Obra Social de Técnicos de Fútbol (OSTECF)
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPMER)
- Obra Social Volkswagen Argentina S.A.
De acuerdo con la normativa, al 28 de febrero de 2025, estas entidades presentaban un «factor de criticidad» que supera el valor límite establecido en el Anexo del Decreto Nº 1400/01. Esto motivó la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 y el Anexo III del mismo decreto.
En consecuencia, las obras sociales deberán presentar un Plan de Contingencia que contemple, como mínimo, metas trimestrales de cumplimiento, indicadores conforme a los criterios 1, 2 y 3 del Anexo II del decreto, y un conjunto de acciones concretas a ejecutar una vez que el plan entre en vigor.
Por último, la resolución aclara que las Gerencias que forman parte del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación serán las encargadas de monitorear el cumplimiento del plan dentro de sus respectivas áreas de competencia.
Juicios contra prepagas y obras sociales: implementan instancia de mediación previa
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 379/25, el Gobierno nacional creó un nuevo mecanismo opcional de mediación prejudicial para los usuarios de obras sociales y empresas de medicina prepaga. Esta instancia previa a la vía judicial, denominada Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), comenzará a regir dentro de 60 días, es decir, a partir de principios de agosto.
El objetivo principal, según fuentes del área de Salud, es agilizar la resolución de conflictos y desalentar la judicialización masiva, especialmente el uso extendido de amparos, que se incrementaron en forma significativa durante los últimos años.
El procedimiento tendrá plazos breves, de entre 5 y 7 días para la intervención del mediador y la realización de audiencias. Será obligatoria la intervención de abogados, aunque se prevé asistencia jurídica gratuita para quienes no puedan afrontarla económicamente. La implementación y supervisión de este sistema estará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación.
Por su parte, el Ministerio de Salud podrá participar únicamente si es convocado por las partes o si el caso lo amerita. No obstante, será responsable de la capacitación de los mediadores, con el fin de asegurar que cuenten con los conocimientos necesarios para abordar conflictos relacionados con el acceso a servicios de salud.
Entre los fundamentos de la medida se destaca la necesidad de descongestionar el sistema judicial y garantizar a los ciudadanos un acceso efectivo a las prestaciones de salud.
Según datos oficiales, los amparos judiciales presentados por usuarios aumentaron un 471,79% en 2024 respecto del año anterior. En 2023 ya se había registrado una suba del 20,52% en comparación con 2022. Los principales motivos de estos reclamos se vinculan a la cobertura de tratamientos de alta complejidad y medicamentos costosos.
En el caso de las prepagas, también influyó el incremento de las cuotas, habilitado por el DNU 70/2023 que eliminó la regulación estatal sobre los aumentos de precios. Si bien durante parte de 2024 esa desregulación fue suspendida, luego volvió a entrar en plena vigencia, generando nuevas tensiones entre los usuarios y las entidades.