El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó que apelará la medida cautelar que lo obliga a restituir el financiamiento de los viajes que realizan los cartoneros desde el Conurbano bonaerense hacia la Capital. La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario tras una presentación de la Federación de Cooperativas de Reciclado.
La administración de Jorge Macri informó que acatará el fallo mientras dure el proceso judicial, aunque insistió en que el servicio de traslado “no está contemplado como una obligación a cubrir por parte del Estado” dentro del Concurso Público N.°1/2021, que regula el sistema de reciclado urbano.
Según la Ciudad, hasta el 1° de agosto se financiaban unos 3.100 traslados diarios de cartoneros que ingresaban desde la Provincia, aunque esa cobertura alcanzaba solo a cuatro de las 12 cooperativas adjudicatarias del servicio. Todas ellas estaban vinculadas al dirigente del Frente Patria Grande Juan Grabois.
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El Gobierno porteño sostuvo que la decisión de suspender los traslados buscó “dotar de mayor equidad al sistema de reciclado”, ya que otros trabajadores urbanos —como barrenderos, operarios de higiene y personal de mantenimiento— también viajan desde la Provincia y no cuentan con un esquema de transporte financiado por el Estado.
La respuesta de Jorge Macri
Jorge Macri se expresó a través de sus redes sociales y calificó la resolución judicial como “insólita”. “La Justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano. Vamos a apelar esta decisión que atenta contra los intereses de los porteños. Hay cosas que antes se hacían y con nosotros no se hacen más”, enfatizó.
La administración porteña agregó que los fondos que hasta ahora se destinaban al transporte serán redirigidos a obras de infraestructura en los Centros Verdes, al fortalecimiento de la capacidad productiva y al refuerzo de rutas críticas de recolección de material reciclable.
El Gobierno destacó además que eliminó la intermediación de organizaciones y bancarizó los pagos a todos los recuperadores urbanos de manera directa, a través de cuentas en el Banco Ciudad. También implementó un sistema de control biométrico de asistencia y reforzó los circuitos logísticos en los barrios con mayor volumen de reciclables.
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En ese sentido, funcionarios porteños remarcaron que la medida de la Justicia reimplanta un privilegio que se buscaba erradicar. “Se trata de un servicio que nunca fue obligatorio para el Estado y que, en la práctica, beneficiaba solo a una parte del sistema”, afirmaron.
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