Tras la sanción de la reforma laboral promovida por el Gobierno en el Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió dar vuelta la página y pasar a la judicialización para evitar la aplicación de la ley.
La central obrera marchará hoy a Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. No tiene margen para un nuevo paro general en el corto plazo. Su protesta durante el tratamiento del proyecto fue magra y no logró torcer el rumbo de la reforma, aunque sí consiguió esquilar la versión original en algunos de los aspectos que preocupaban especialmente a la central obrera.
Ahora, buscará evitar que la normativa entre en vigencia o, al menos, trabar algunos de sus puntos. Los organizadores de la manifestación planean leer hoy un documento que anuncia ese plan.
Será la segunda movilización de la CGT frente a Tribunales en lo que va de la gestión de Javier Milei. La anterior fue a finales de diciembre de 2023, poco después de la asunción del Presidente, en el marco de la primera Ley Ómnibus y el mega DNU 70/23, cuyos capítulos laborales finalmente quedaron sin efecto por decisión de la Justicia.
La semana pasada, el sindicato de judiciales, liderado por Julio Piumato, ya se había movilizado en la zona de Plaza Lavalle: el lunes pasado, tomó un edificio del fuero laboral en rechazo al traspaso a la Ciudad. Ese día, jueces y empleados cesaron sus actividades en alerta por sus puestos de trabajo y por el futuro de las causas vigentes. Un día después, los judiciales hicieron un paro con movilización frente a la Corte.
Anoche, durante su encendido discurso en el Congreso, Milei atacó al kirchnerismo e hizo especial énfasis en los triunfos legislativos del oficialismo durante el reciente período extraordinario. Sin embargo, el Presidente no hizo cuestionamientos directos a la CGT.
Los secretarios generales, en sus últimos encuentros, hicieron un diagnóstico pesimista sobre el deterioro del entramado productivo nacional en medio de la disputa por la apertura de las importaciones. El foco estuvo puesto sobre los sectores más afectados por los despidos y cierres de plantas.
Otro foco de tensión, en estos días, es por la amenaza del Poder Ejecutivo de sanciones contra los gremios del transporte que se adhirieron a la pasada huelga nacional. Omar Maturano (La Fraternidad) es uno de los apuntados por el Gobierno, por haber detenido el transporte ferroviario durante la medida de fuerza, a la cual se adhirieron a último momento los colectiveros de la UTA. El titular de este gremio, Roberto Fernández, sin embargo, no participó del último encuentro en UPCN dado el frío vínculo con la actual conducción obrera peronista.
Por su parte, en el Ministerio de Capital Humano, que tiene dentro de su órbita a la Secretaría de Trabajo, dijeron a LA NACION que “las sanciones están siendo evaluadas y serán comunicadas”, aunque no especificaron alcances.