El máximo tribunal del país presentó un proyecto formal para reformar aspectos del procedimiento de concursos destinados a cubrir cargos en la Justicia. La iniciativa, firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fue remitida al Plenario del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección inicial y la conformación de las ternas que luego envía al Poder Ejecutivo.
Recepción favorable del ámbito académico
Especialistas en derecho constitucional recibieron con optimismo la propuesta. Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, señaló que el proyecto representa un «gran aporte» para fortalecer la independencia judicial. «En la etapa del Consejo deben prevalecer los criterios técnicos. Luego, el Presidente ejerce sus atribuciones constitucionales sobre las ternas», explicó.
Alberto Garay, al frente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, calificó el trabajo de la Corte como «digno de elogio» y acorde a reclamos académicos de larga data. Destacó específicamente la propuesta de reducir el peso de la entrevista personal en el puntaje total de los candidatos.
Cambios concretos propuestos
Uno de los puntos centrales del proyecto es limitar la influencia de la entrevista personal ante el pleno del Consejo a no más del 10% de la calificación final. Esta instancia, según los críticos, ha sido históricamente utilizada para alterar el orden de mérito obtenido en exámenes objetivos.
Alejandro Carrió, constitucionalista consultado por este medio, definió la iniciativa como «saludable». «Busca remediar viejos males que permitían al Consejo actuar con altos márgenes de discrecionalidad», afirmó. Además, valoró la separación entre quienes proponen los temas de examen y quienes los corrigen, medida que dificultaría filtraciones a candidatos preferidos.
Apoyo institucional y una voz disonante
El Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (FORES) emitió un comunicado respaldando la reforma. La organización consideró que el proyecto «constituye un avance institucional relevante» para fortalecer la transparencia y legitimidad del sistema de designación de jueces.
Sin embargo, no todas las voces fueron unánimes en el elogio. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez analizó en redes sociales el peso jurídico de la «Acordada» mediante la cual la Corte giró el proyecto. Si bien coincidió con varios puntos, interpretó que el máximo tribunal podría haberse «extralimitado», ya que desde la reforma constitucional de 1994 la superintendencia del funcionamiento judicial respecto de los jueces corresponde al Consejo de la Magistratura.
El proyecto se encuentra ahora en análisis por parte del Plenario del Consejo, que deberá decidir si incorpora las modificaciones propuestas al reglamento vigente.