 reglamentado por decreto. Beneficios fiscales, condiciones de acceso y foco en inversiones productivas para pymes.){kind=link}
El Gobierno nacional estableció, mediante decreto, las condiciones y beneficios fiscales del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas.
El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) mediante el Decreto 242/2026. La medida está orientada a promover inversiones productivas con beneficios fiscales, dirigidos principalmente a pequeñas y medianas empresas (pymes).
El esquema fija un plazo de dos años, a partir de su entrada en vigencia, para realizar las inversiones alcanzadas por el régimen. El universo beneficiado incluye micro, pequeñas y medianas empresas y entidades sin fines de lucro que cumplan con los requisitos establecidos.
El decreto delimita qué se considera inversión productiva. Incluye bienes de capital y tecnología nuevos, infraestructura vinculada a la producción, sistemas de riego, mallas antigranizo y bienes semovientes con fines reproductivos. También contempla obras en curso, siempre que no superen el 30% de avance al momento de la entrada en vigencia de la ley. Además, incorpora incentivos para proyectos de eficiencia energética, tanto en generación renovable como en optimización del consumo.
Uno de los puntos centrales es que el acceso a los beneficios fiscales está condicionado a la “puesta en marcha” de las inversiones, es decir, a su utilización efectiva para generar ganancias gravadas. No alcanza con la ejecución del gasto: el activo debe estar operativo.
El régimen establece límites claros para resguardar el equilibrio fiscal. Los beneficios -incluidas devoluciones vinculadas al IVA- tendrán un tope del 50% del cupo anual previsto en el presupuesto. La asignación se organizará según la antigüedad de los saldos fiscales, lo que introduce un criterio de priorización. Quedan excluidas las inversiones financieras.
La implementación quedará en manos de ARCA, junto con las áreas de Agricultura y Energía, que deberán definir las condiciones operativas. La efectividad del RIMI dependerá ahora de su reglamentación final y del nivel de adhesión del sector privado.