Martín Perez participó del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales en Buenos Aires, donde los intendentes presentaron un documento unificado al Ministerio de Economía reclamando la baja de combustibles y la reactivación de obras públicas.
En la Ciudad de Buenos Aires, intendentes de todo el país participaron del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales convocado por la Federación Argentina de Municipios (FAM). En el marco del encuentro, presentaron un documento ante el Ministerio de Economía con un reclamo unificado: “Bajen las naftas, activen las obras”.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, formó parte de la delegación y expuso la situación de la Patagonia sur, una de las regiones señaladas como más afectadas por el contexto económico actual. Durante la jornada, los jefes comunales denunciaron el desfinanciamiento de los municipios, el impacto del aumento sostenido de los combustibles y la paralización de la obra pública nacional. En ese marco, exigieron retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo y reactivar de manera urgente los proyectos detenidos desde 2023.
Perez cuestionó el impacto de las políticas nacionales, afirmando: “El ajuste impacta de lleno en el empleo, la producción y el entramado social de nuestras comunidades”. El mandatario puso a Río Grande como ejemplo del deterioro económico. “El derrumbe industrial que vivimos en Río Grande es dramático. Entre 2023 y 2026 perdimos 5.000 puestos de trabajo industriales directos. Esta caída arrastró al resto de la economía y hoy tenemos 10.000 empleos privados registrados menos en la ciudad”, afirmó.
Además, detalló que la producción industrial fueguina cayó entre un 50% y un 55% interanual, una situación que vinculó con la apertura de importaciones y la retracción del consumo interno.
Perez también advirtió sobre la situación financiera del Municipio: “Estamos gestionando esta crisis con el 100% de la obra pública nacional detenida y con retrasos sistemáticos en la remisión de fondos”. En ese sentido, explicó que la gestión local debió incrementar un 25% el presupuesto destinado a asistencia social, sanitaria y alimentaria.
El intendente sumó una mirada estratégica al planteo, al cuestionar las críticas al régimen de promoción industrial: “Es alarmante que se considere a la Ley 19.640 como una ‘política fallida’. Se trata de una herramienta que lleva más de 50 años garantizando desarrollo y presencia argentina en un territorio estratégico”. Finalmente, advirtió sobre el impacto geopolítico de algunas decisiones: “Lo que está en juego en Río Grande no es solo la actividad económica, sino la integridad misma del territorio nacional”. Y concluyó: “Defender la industria fueguina, el trabajo y el desarrollo de nuestras comunidades es, en definitiva, defender la soberanía argentina”.