La provincia contará con un marco normativo integral para el desarrollo de la acuicultura, que establece condiciones, procedimientos y control ambiental, pendiente de la definición de la zonificación.
Con la publicación del Decreto 0587/26, Tierra del Fuego dio un paso clave: la acuicultura ya cuenta con una reglamentación integral, que establece condiciones, procedimientos y un marco claro para el desarrollo de la actividad en todo el territorio provincial. La norma reglamenta la Ley 1601 y define un sistema que combina planificación, evaluación ambiental y control estatal, sentando las bases para que la producción acuícola —incluido el cultivo de salmónidos— pueda avanzar bajo criterios de sustentabilidad.
Uno de los principales aportes del decreto es que termina con el vacío normativo operativo. A partir de ahora se fijan reglas claras para habilitar proyectos, se establecen escalas productivas, se incorporan exigencias ambientales obligatorias y se define la intervención de organismos técnicos. Esto no implica una habilitación automática, sino un esquema ordenado que brinda previsibilidad tanto al Estado como a los inversores.
El decreto coloca en el centro a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), herramienta que permitirá definir qué zonas son aptas para la actividad. Además, cada proyecto deberá atravesar su propia evaluación de impacto ambiental, con planes de manejo, monitoreo y control permanente.
Si bien la reglamentación establece el marco, todavía resta una etapa clave: la definición concreta de las zonas habilitadas, dónde se podrá producir, bajo qué condiciones y con qué límites ambientales. En otras palabras, el decreto abre el camino, pero la localización efectiva de los proyectos dependerá de la planificación que aún debe completarse.
La norma también introduce un sistema por escalas que ordena el desarrollo del sector: proyectos iniciales de menor escala, con carácter promocional; desarrollos intermedios; y emprendimientos de mayor envergadura, con mayores exigencias técnicas y ambientales. Este diseño permite un crecimiento progresivo, acompañado por controles estatales.
El decreto deja en claro que el agua y el espacio acuático —tanto en el mar como en ambientes continentales— continúan siendo bienes públicos. Su utilización productiva se realizará mediante autorizaciones del Estado, que definirá las áreas, evaluará los proyectos y establecerá condiciones de funcionamiento. Este modelo ya tiene antecedentes en la provincia, como el cultivo de mejillones, donde empresas operan en áreas autorizadas bajo supervisión estatal.
Un modelo inédito en el país, con referencia internacional
La reglamentación fueguina marca un punto de inflexión en Argentina, donde no existen antecedentes de un esquema tan integral para la acuicultura, especialmente en ambientes marinos. Al mismo tiempo, el diseño presenta similitudes con modelos internacionales consolidados, como el de Chile, donde el Estado define zonas aptas, asigna áreas de producción y mantiene el control del recurso mediante autorizaciones o concesiones. En ese sentido, Tierra del Fuego aparece como una experiencia incipiente que replica, en clave local, un modelo probado en la región.
Una oportunidad para diversificar la matriz productiva
Con este nuevo marco, la provincia se posiciona para avanzar en un sector con potencial de crecimiento global, con el objetivo de generar empleo, atraer inversiones, diversificar la economía y desarrollar capacidades técnicas locales. El desafío ahora será la implementación: completar la zonificación, evaluar proyectos concretos y sostener los estándares ambientales definidos. En ese camino, Tierra del Fuego ya dio un paso decisivo: pasó de la discusión a contar con reglas claras para desarrollar la acuicultura.