El bloque legislativo Somos Fueguinos sostuvo que la derogación de la Ley 1529 se ajusta a derecho y que la Cámara actuó dentro de sus facultades constitucionales.
El bloque legislativo Somos Fueguinos (SF) afirmó que la derogación de la Ley 1529 se ajusta plenamente a derecho y sostuvo que la Legislatura tenía plena legitimidad para dejar sin efecto la norma que habilitaba la reforma constitucional. A través de un comunicado, los legisladores señalaron que la sanción de la ley de necesidad de reforma constituye una instancia preconstituyente y no el ejercicio del poder constituyente derivado.
En ese marco, citaron el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Schiffrin” (2017), que distingue entre el órgano que habilita la reforma y aquel que eventualmente la lleva adelante. Según plantearon, en Tierra del Fuego no hubo elección de convencionales ni conformación de una Convención Reformadora, por lo que el poder constituyente derivado nunca fue ejercido.
“El poder constituyente derivado nunca fue activado”, indicaron, y remarcaron que la ley únicamente habilitaba una posibilidad futura que podía ser válidamente dejada sin efecto por el mismo órgano.
Uno de los puntos centrales del planteo refiere al decreto de convocatoria firmado por el Poder Ejecutivo. El bloque sostuvo que el instrumento fue publicado el 1 de mayo, pero no había adquirido vigencia jurídica al momento de la derogación. “El decreto no tenía eficacia, ya que su vigencia se produce recién a partir del octavo día hábil de su publicación, conforme lo establece el artículo 153 de la Ley de Procedimiento Administrativo”, señalaron.
En ese sentido, afirmaron que no existía proceso alguno en curso desde el punto de vista jurídico al momento de la votación. Asimismo, remarcaron que la Constitución Provincial establece que la declaración de necesidad de reforma es una atribución exclusiva de la Legislatura, mientras que el Poder Ejecutivo cumple un rol instrumental, sin facultades para sostener por sí mismo un proceso de esta naturaleza sin una ley vigente.
Finalmente, destacaron que la derogación fue aprobada por una mayoría amplia, lo que —según sostienen— refuerza su legitimidad institucional. “No hay reforma sin ley. No hay proceso sin legalidad”, concluyeron.