El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, sostuvo que la decisión de la Legislatura respondió a una demanda concreta de la sociedad en medio de la crisis económica y social en Tierra del Fuego.
El legislador provincial Jorge Lechman defendió la derogación de la ley que habilitaba la reforma constitucional en Tierra del Fuego y aseguró que la decisión de la Legislatura se apoyó en un reclamo social creciente frente a la situación económica y social que atraviesa la provincia.
En diálogo con radio Provincia, el referente de Somos Fueguinos puso el foco en el contexto que motivó la medida y destacó el acompañamiento mayoritario dentro del Parlamento. “Somos 11 legisladores que atendimos el reclamo social: la gente la está pasando mal”, afirmó, al remarcar que la decisión excedió una lógica partidaria.
Según planteó, la discusión sobre la reforma dejó de ser una disputa política para convertirse en una respuesta institucional frente a una realidad que se impone. “Dejó de ser el impulso de un bloque político y se transformó en el impulso de una sociedad que está totalmente en contra de un acto electoral en momentos de crisis”, sostuvo.
En ese sentido, describió un escenario social complejo, marcado por el deterioro de los indicadores económicos. “Desempleo por doquier, pobreza en crecimiento, indigencia que en Tierra del Fuego siempre fue prácticamente nula y hoy la tenemos. Todos los días cierra un comercio y hay familias que no saben si van a poder comer”, expresó.
Lechman también cuestionó con dureza al Ejecutivo provincial por avanzar con el proceso electoral en este contexto. Consideró que la convocatoria a una elección constituyente resulta inoportuna y desconectada de las prioridades actuales de la población.
Desde el plano jurídico, defendió la validez de la derogación y rechazó que la Legislatura haya vulnerado un proceso en marcha. “La Legislatura no reforma la Constitución, habilita la posibilidad de que otro órgano lo haga”, explicó, y agregó que esos actos pueden ser revisados por el propio poder que los dictó. En esa línea, sostuvo que “no se avasalló ningún proceso” y remarcó que la derogación se encuentra dentro de las atribuciones constitucionales del Parlamento. “Es potestad de la Legislatura sancionar la ley de reforma, como lo establece el artículo 192 de nuestra Constitución, pero también es potestad de la Legislatura derogar ese proceso si no está en marcha”, concluyó.