A once meses sin cobrar haberes, el sector advierte que no hay avances concretos, denuncia el agravamiento de su situación económica y social, y alerta por nuevas muertes entre los beneficiarios.
A once meses sin percibir haberes, el sector de la policía territorial asegura que no hay avances concretos, denuncia el agravamiento de su situación económica y social y alerta por nuevas muertes entre los beneficiarios. Alfredo Gatti, retirado de la ex policía territorial, evaluó la última sesión legislativa como un paso relevante, pero insuficiente frente a una situación que, según describió, sigue siendo crítica.
“Tenemos una lectura positiva, pero no garantiza que empecemos a cobrar de inmediato. Es un aliciente”, afirmó en FM Centro, al tiempo que remarcó que esperaban una resolución más rápida por parte de la Justicia ante lo que definió como “una clara violación no solamente a los derechos humanos, a los derechos de propiedad, a los derechos de las personas mayores, sino una violación directa al pago de haberes”.
El reclamo acumula una extensa demora. “Once meses ya. Más el aguinaldo completo del año 2025”, precisó Gatti, quien insistió en que, pese al tratamiento legislativo, “no tenemos garantía de cobrar. Eso nos preocupa”. En ese sentido, consideró que la Legislatura “se puso a la altura de las circunstancias”, aunque subrayó que el tiempo transcurrido agravó el cuadro general.
El impacto humano del conflicto fue uno de los ejes más sensibles de su testimonio. “Lamentablemente han pasado cosas muy tristes, muy lamentables. Ayer acaba de fallecer otro camarada”, expresó. Y agregó: “Con el tiempo que nos piden a nosotros que hagamos el contencioso administrativo, es prácticamente condenar a este colectivo de personas mayores a que algunos lleguen y otros no”.
Gatti también cuestionó el trasfondo de la situación: “A quién se le ocurrió que seamos nosotros quienes paguemos los platos rotos de la situación de la Caja. No podemos ser nosotros el fusible de las malas gestiones”. En la misma línea, advirtió sobre posibles consecuencias institucionales: “Si la justicia avala que un directorio por el solo hecho de firmar una resolución interna deje de cumplir la ley, es lo más peligroso”.
El referente señaló además la falta de diálogo con autoridades: “Han pedido audiencia con el señor gobernador. Y todavía están esperando”, añadió. Finalmente, describió el deterioro social y sanitario del sector: “Tenemos casos de gente que ha abandonado hasta el tratamiento oncológico”. Y concluyó: “Esta situación que estamos viviendo ahora es como un mazazo en la cabeza. A la gente la está cansando, la está agobiando y la está condenando a una depresión total”.