Por el vínculo que lo une a Cristina Kirchner, quien admitió públicamente que lo había elegido como su candidato presidencial para el 2023, el mundo de la política señalaba a Eduardo «Wado» de Pedro como un hombre clave en las negociaciones que abrieron entre el kirchnerismo y los libertarios para avanzar con dos designaciones en la Corte Suprema de la Nación. En particular con el nombramiento del juez Ariel Lijo para cubrir la vacante que hoy tiene el Máximo Tribunal. Sin demasiados éxitos, De Pedro fue uno de los operadores judiciales del gobierno de los Fernández.
El mismo «Wado» es uno de los nombres más apuntados y mencionados en estas horas, luego del video en el que oficialmente la gestión de Javier Milei negó la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. Los padres de De Pedro fueron asesinados por grupos de tareas de esa época. «Me salvé de las balas porque mi mamá se puso encima mía», recordó alguna vez el dirigente, quien previsiblemente se convirtió en emblema de los derechos humanos kirchnerista.
«¿Cómo hace Wado ahora para negociar algo con los libertarios?», se preguntaba este domingo un ex funcionario. El interrogante es más amplio. ¿Cómo hará Cristina para explorar acuerdos con el oficialismo, cuando el video de casi 13 minutos es una bomba al corazón del relato K en la materia? La acusación ya no es sólo ideológica: en una de las partes más polémicas de la pieza, se asegura que la política de derechos humanos kirchnerista «se hizo por plata».
La bala podría considerarse en un punto fuego (ex) amigo. Lo dice el ex titular de la SIDE peronista (versión menemista) Juan Bautista «Tata» Yofre. En los 90, los Kirchner eran aliados estratégicos del ex presidente riojano. Todo tiene que ver con todo.
Las primeras voces de repudio K al video surgieron, este mismo domingo pasado el mediodía. Con Máximo a la cabeza. Habrá más, seguramente, durante la semana. ¿Hablará Cristina? ¿Con qué tono? Más dudas hay todavía con el impacto fuera de los medios. En el Congreso, por ejemplo, una de las canchas donde se juega la política real.
Los antecedentes del DNU y la Ley Omnibus
La otra pregunta que circula con fuerza es: si Milei necesita los votos kirchneristas para completar la Corte, y uno de dos jefes de bloque (José Mayans) reconoció públicamente que estaban dispuestos a avanzar en el tema, ¿por qué trata de corruptos a los Kirchner en el punto más sensible de su relato?
A esta altura de la gestión, con poco más de 100 días transcurridos, sorprende poco la acción. Cuando requería el apoyo de la llamada «oposición dialoguista» para la Ley Omnibus, el Presidente llamó ratas y coimeros a los legisladores de ese espacio. Las razones de los desplantes habrá que buscarlas quizá en el campo de la psicología o tal vez respondan a un plan que de tan inédito y disruptivo no se entiende con los filtros tradicionales.
El riesgo de perder apoyo y el impacto judicial
Si bien el propio Milei y sobre todo la entonces candidata a vice Victoria Villarruel venían sosteniendo un reclamo similar sobre los derechos humanos desde la campaña, que esas expresiones se reflejen en un video oficial y grabado en Casa Rosada lleva la discusión a otro nivel.
E implica también un riesgo político para el Presidente, cuando el ajuste está haciendo estragos en gran parte de sus votantes. El núcleo duro de apoyo a Milei, coinciden los analistas, hay que buscarlo en el 30% que sacó en las PASO y la elección general, y no en el 56% del balotaje.
¿Cuántos acompañarán que desde el Gobierno se equipare un plan sistemático de terrorismo de Estado con la violencia política? La banalización o los negocios en nombre de los derechos humanos de gestiones anteriores no avalan ni justifican semejante comparación.
El reclamo judicial del relato libertario pide justamente declarar como «terrorismo de Estado» a episodios previos al Golpe, y por ende enmarcarlos en la doctrina de la lesa humanidad, que los haga imprescriptibles e incluya indemnizaciones. Por ahora la Justicia fue taxativa y sólo aceptó el período 1976-1983 para esa calificación.