Los abogados del empresario tabacalero Pablo Otero le enviaron una carta documento al periodista Andrés Sanguinetti «intimándolo» a que «en forma inmediata elimine de Internet y de las redes sociales la nota «Una tabacalera ‘dudosa’ ya maneja el 45% del mercado de cigarrillos local», que publicó en un portal de noticias el 12 de marzo pasado.
La carta documento está firmada por el abogado Gabriel Palmeiro, quien fijó domicilio en el estudio que comparte con su socio Maximiliano Rusconi, algunos de cuyos principales clientes fueron Cristina Kirchner, Diego Lagomarsino, Lázaro Báez y Julio de Vido, entre otros.
Los abogados lo intimaron al periodista Sanguinetti a que también desista de continuar» presentando «información carente de toda verdad» sobre Otero «y la empresa que preside», Tabacalera Sarandí. Y que se «retracte» de las «expresiones falaces, agraviantes y acosadoras».
Por todo ello, los abogados de Otero aseguraron que el periodista «deberá tener que afrontar la responsabilidad» y las consecuencias judiciales, para «frenar este injusto ataque» hacia Otero y su empresa tabacalera.
Video
Tabacalera Sarandí, su empresa, disputa el primer lugar en la venta de cigarrillos a Philip Morris y superó en ventas a British American Tobacco Argentina.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) difundió un comunicado solidarizándose con Sanguinetti, a quien «un empresario amenazó con iniciarle una demanda civil y penal en caso de que no se retracte y elimine una publicación».
Además, Sanguinetti «denunció que ha recibido llamados de personas vinculadas a Otero sugiriéndole que no insista en escribir sobre el tema», sostuvo la entidad de periodistas.
«FOPEA reitera que las amenazas de acciones legales tienen un efecto inhibitorio no sólo sobre el destinatario sino sobre el periodismo en general, con lo cual se deteriora la calidad de la información que recibe la sociedad».
«Cualquier ciudadano, pero aún más los dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresariales, tienen la posibilidad de responder y aclarar si una publicación es errónea o confusa sin necesidad de apelar a recursos propios de otro tipo de conflictos y ajenos al ámbito de la información como bien social», planteó FOPEA en su comunicado.
Quién es Pablo Otero
Dos días después de publicada la nota de Sanguinetti en el portal de noticias iProfesional, Clarín publicó una nota sobre el mismo tema, titulada «Quién es Pablo Otero, el ‘Señor del Tabaco’ al que acusó Javier Milei y que abrió una interna en La Libertad Avanza».
Allí se decía que «sus competidores aseguran que es un poderoso lobista y que evade miles de millones de dólares»; y que «una de sus empresas ingresó como socia de Editorial Perfil y Kuarzo en el canal Net TV» de Jorge Fontevecchia.
Es que la industria del tabaco está revolucionada por el crecimiento de Tabacalera Sarandí, una pyme bonaerense del empresario argentino Otero, que en los últimos ocho años logró pasar del 5% del mercado, a más del 30%, según estimaciones de especialistas, desplazando a las tradicionales empresas internacionales, gracias a que estaría subfacturando el precio de sus paquetes de cigarrillos ante la AFIP y a que consiguió medidas cautelares judiciales que le permiten pagar menos impuestos y vender sus productos mucho más baratos que sus competidores. Otero, además, acumuló un proverbial poder de lobby, que incluye una pata política, otra judicial y otra mediática.
Según un informe de la consultora Abeceb, de enero pasado, este tipo de prácticas por parte de la empresa de Otero y otras tabacaleras mucho más pequeñas, pero que actúan del mismo modo, les permitió incrementar su participación en el mercado de cigarrillos, al pasar del 5,6% del total en 2016, al 38,4% en 2023, generando una «pérdida de recaudación acumulada de US$ 5.823 millones, entre los años 2018 y 2023» para el Estado nacional.
Pero si la empresa de Otero paga mucho menos de impuestos, entonces, bajan sus precios, cae la recaudación para el Estado y las provincias, se desequilibra la competencia y aumenta el consumo de cigarrillos, generando un problema no solo impositivo sino también de salud pública, ya que el consumo de tabaco mata a 45.000 personas por año en Argentina, el 14% del total de muertes, según un informe de la Red de Hospitales Universitarios de la UBA.
Además, esta distorsión impositiva encabezada por Tabacalera Sarandí provocó que, entre 2018 y 2023, el consumo de cigarrillos tuviera un aumento interanual del 1,2% en la Argentina, mientras que el promedio mundial bajó un 2% el consumo de cigarrillos cada año, según el informe de Abeceb.
Para intentar solucionar ese problema, a fin de 2023 el Gobierno planteó la necesidad de modificar los criterios impositivos de los cigarrillos, en 10 artículos del proyecto de Ley Ómnibus que envió al Congreso, elevando el cobro de impuestos. Pero su tratamiento se bloqueó en esa primera instancia parlamentaria, con fuertes discusiones en el capítulo tabacalero.
“No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos», como «el Señor del Tabaco», que «hacen lobby y ‘persuaden’ políticos para defender sus intereses”, dijo el presidente Javier Milei, al retirar el proyecto de Ley Ómnibus de la Cámara de Diputados, cuando acusó de ese traspié a “la casta”, que identificó con gobernadores, políticos de la oposición y un sector del empresariado.
El “Señor del Tabaco” es Pablo Otero, según cuatro fuentes consultadas por Clarín, que produce y distribuye cigarrillos con las marcas Red Point, West, Kiel, Nevada, OCB y Master. También vende tabacos, toscanos, cigarritos e insumos para armar cigarrillos.
Para Otero, «el hecho de que el Presidente se haya referido a un ‘Señor del Tabaco’ puede estar relacionado con la persona que impulsa la Ley Massalin. Si se refirió a mí, es porque no me conoce y es parte de la cobarde demonización llevada a cabo por Massalin y sus periodistas ensobrados», afirmó el empresario para la nota que publicó hace dos semanas Clarín.
De hecho, esa polémica en la Ley Ómnibus, junto con el ingreso de una de las empresas de Otero en el canal Net TV, transparentó una discusión que hasta ahora se daba especialmente puertas adentro de la industria tabacalera.
Es que a principios de año, Net TV informó que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) aprobó el ingreso de Grupo Madero Sur en el canal de televisión, convirtiéndose la empresa dueña de Tabacalera Sarandí en su accionista minoritario, quedando el 70% para Editorial Perfil, 22,5% productora Kuarzo y 7,5% para la empresa de Otero.
De todos modos, Otero aclaró que «no ingresamos en Net TV a través de Tabacalera Sarandí, sino mediante otra entidad societaria en la que tenemos intereses en el ámbito del entretenimiento y la cultura. La intención es potenciar nuestra presencia comercial a través de diversos medios de promoción», dijo a Clarín.
El empresario Otero es un personaje millonario y excéntrico, que además es un «gentleman driver», ya que es el único latinoamericano que corre en la categoría Porsche Mobil Supercup -y el más veterano-, aportando de su propio bolsillo los grandes costos que tiene esa categoría del automovilismo deportivo.
Especialistas, políticos y empresarios competidores de la industria tabacalera lo acusaron de “comprar cautelares en la Justicia”, “asociarse con los espías» de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), «apretar gente con juicios y cartas documento que envían desde el estudio de Maximiliano Rusconi» y “financiar las cajas de la política con una parte de los 500 millones de dólares anuales que se ahorra en el pago de impuestos”, aseguraron sus críticos a Clarín.
Pero Otero se defendió, ante Clarín: «Tabacalera Sarandí paga US$ 500 millones al año en diversos impuestos, incluyendo impuestos internos ‘ad valorem’. Nuestros precios han aumentado en línea con la inflación en Argentina. En 2018, teníamos un market share del 12%, y hoy alcanzamos el 33%, en gran medida debido a la disminución del poder adquisitivo y al auge de segundas marcas».
En un momento de crisis económica como la actual, el debate sobre esta cuestión no solo es una cuestión de cómo ayudar a resolver el déficit fiscal, sino también un tema sanitario, para tratar de evitar miles de muertes derivadas del tabaquismo, como el cáncer de pulmón y ver cómo hacer para que baje la cantidad de cigarrillos que fuman los argentinos cada año.
Argentina firmó el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 25 de septiembre de 2003. Pero por diversos intereses de la industria y sus lobistas, tal como ocurre con la evasión impositiva, es el único país de la región que a más de 20 años de esa firma todavía no pudo tener la ratificación legislativa para comenzar a mitigar el impacto del tabaquismo en la población.