Después de semanas en que el agua se crispó con denuncias por pesca ilegal de merluza negra y con renuncias en Cancillería por supuestas gestiones a favor de un empresario chino, diputados de la UCR reclamaron una reunión urgente del Consejo Federal Pesquero. Sin embargo, se encuentra paralizado. Y desde el Congreso apuntan al Gobierno. Dicen que no designa a sus autoridades en la entidad y que traba su funcionamiento.
El Consejo Federal Pesquero se creó por la ley 24.922 en diciembre de 1997. «Es el organismo estatal, interjurisdiccional, encargado de definir la política pesquera del país y el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional», se define el organismo en su página web. Entre sus tareas específicas se encuentran el establecimiento de la Captura Máxima Permisible por especie y las cuotas de captura y la aprobación de permisos de pesca, claves de todos los escándalos que días pasados surcaron la agenda nacional.
Lo componen un presidente, cinco representantes por Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional, uno de Cancillería y otro de «Ambiente y Desarrollo Sostenible» (hoy con rango de subsecretaría, bajo el paraguas de Turismo, Ambiente y Deportes, dentro del Ministerio del Interior).
A comienzos de abril, casi cuatro meses después de la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, el organigrama sigue vacío.
Roxana Reyes y otros diputados de la UCR instan al Gobierno a reactivar el Consejo Federal Pesquero. Foto Rolando Andrade Stracuzzi Ahora, trece diputados de la UCR presentaron un proyecto de resolución en la Cámara baja para instar al Gobierno nacional a nombrar a los integrantes que faltan en el organismo que establece lineamientos para una actividad clave para las cinco provincias que la integran.
«Ante la inactividad del Consejo Federal Pesquero solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que ordene a los Ministerios de Economía, Interior y a la Cancillería a designar a sus representantes en el Consejo y así convocar a su reunión», expresa el proyecto que ingresó Roxana Reyes, diputada por Santa Cruz, uno de los distritos que integran el órgano.
Sucede que los representantes de Nación, como lo evidencia el organigrama en blanco, todavía no fueron designados en su totalidad. Las provincias exigen su constitución y funcionamiento para «participar en las decisiones y cumplir con la Ley Federal de Pesca».
Además de Reyes, el proyecto lleva las firmas de Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Julio Cobos, Pamela Verasay, Danya Tavela, Luis Picat, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Marcela Antola, Fabio Quetglas, Carla Carrizo y Gerardo Cipolini.
Con su presentación, Reyes busca «que se cumplan las disposiciones del Régimen Federal Pesquero que otorga al Consejo Federal facultades muy importantes como la de asignar las cuotas de captura o aprobar los permisos de pesca».
«Las provincias tienen en este Consejo un espacio de trabajo valioso junto a las autoridades nacionales para definir las pautas de trabajo y establecer políticas a largo plazo. Se trata de un organismo federal que regula el sector y su funcionamiento es muy importante», añadió la santacruceña, que pidió que «se normalice cuanto antes el funcionamiento del Consejo».
El año pasado hubo 40 reuniones, entre el 26 de enero y el 7 de diciembre. Aquella última vez, tres días antes de que Milei asumiera en la Casa Rosada, nueve integrantes dieron quórum: el presidente del organismo, Carlos Liberman; los representantes del Ejecutivo Carlos Ángel Lasta y Antonio Macchioli y la de Cancillería, Paola Gucioni; y, por las provincias, Carla Estefanía Seain (Buenos Aires), Fernando Malaspina (Río Negro), Adrián Awstin (Chubut), Ariel Ivovich (Santa Cruz) y Carlos Cantú (Tierra del Fuego). No estuvo presente en las últimas reuniones la miembro por el Ministerio de Ambiente, María Silvia Giangiobbe.
El procedimiento en el puerto de Ushaia y los ejemplares de juveniles de merluza negra que hallaron los inspectores.Ya entrado 2024, con el nuevo Gobierno y con el Consejo paralizado, la industria se vio sacudida por un escándalo: un barco de un empresario chino al que encontraron con toneladas ilegales de merluza negra frente a Tierra del Fuego. El revuelo se tradujo en dos renuncias, las de Julián Suárez -director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera desde 2020- y Pablo Ferrara Raisberg -coordinador general de Cancillería-.
Pero en las primeras horas del año la actividad ya se había visto envuelta en las discusiones entre las provincias y la Nación.
La Ley Bases y la actividad pesquera, el primer round entre el sur y Nación
El Consejo Federal Pesquero y la regulación de esta actividad económica fueron motivo de enfrentamiento entre Milei y los gobernadores patagónicos. El 3 de enero, los seis mandatarios de la región (incluidas las provincias sin litoral marítimo: La Pampa y Neuquén) elevaron una nota para rechazar la avanzada que establecían el mega DNU y el proyecto de Ley Bases sobre la normativa vigente en el área.
«Resulta preocupante la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley de federal de pesca, provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras ya que la modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pesquero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional», manifestaron por entonces los gobernadores.
Ese artículo 9 le quitaba al Consejo la potestad sobre la aprobación de permisos de pesca. Además, el proyecto oficial modificaba los criterios para establecer las cuotas de captura anual.
Finalmente, tras negociaciones en el Congreso, hubo marcha atrás. Ese conflicto, sin embargo, fue el kilómetro cero de la escalada entre las provincias patagónicas y la Nación, un anticipo de lo que vendría con la quita de fondos de coparticipación a Chubut y la posterior amenaza de corte del grifo petrolero.