Pablo Otero, el dueño de Tabacalera Sarandí, difundió un comunicado en el que asegura que su empresa «festeja» la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, pese a que quienes lograron imponer el capítulo tabacalero en esa normativa lo apuntaron como el responsable del lobby para que un grupo de diputados votara en contra y el Gobierno quitara esos artículos que estaban en el proyecto original.
Es que la media sanción del proyecto de Ley Bases mostró una trabajosa votación que logró imponer el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, en alianza con los radicales de Rodrigo de Loredo, diputados provinciales salteños y misioneros, junto con el bloque Hacemos, de Miguel Pichetto y un sector minoritario de Unión por la Patria, liderados por Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero.
Allí lograron incorporar el capítulo tabacalero, que obliga a la empresa de Otero a pagar los mismos impuestos que las demás empresas del sector y establece un mecanismo de control de precios en los kioscos, para evitar que paguen menos impuestos, ya que declaran a la AFIP precios mucho más bajos de los que efectivamente cobran por la venta de sus paquetes de cigarrillos.
Pese a ello, el comunicado de prensa de Pablo Otero, con el que salió a fijar su posición sobre la inclusión del capítulo tabacalero en el proyecto de Ley Bases de la Cámara de Diputados, se titula: «¡Tabacalera Sarandí celebra!».
Otero planteó que «ante el incesante, vergonzoso y falto de veracidad ataque mediático hacia nuestra empresa y mi persona, nos vemos en la necesidad de aclarar que Tabacalera Sarandí festeja la media sanción del paquete fiscal presentado por el Poder Ejecutivo y la derogación de la maldita Ley Massalin, diseñada y promulgada por esa firma para quedarse con el 100% del mercado de tabacos. Nuestra empresa ha estado en litigio con dicha ley desde 2018, en procura de su propia subsistencia. Amén que un día ya no exista», dijo Otero, quien cuestionó la inclusión del control de precios en los kioscos.
Sin embargo, los diputados que representan la posición de Tabacalera Sarandí votaron en contra o se abstuvieron en la votación del capítulo tabacalero de la Ley Bases. Eso fue lo que ocurrió con el bloque del PRO, manejado por Cristian Ritondo, a quien varios apodan «Pucho», por su identificación con los intereses de Otero.
Lo mismo sucedió con el bloque de La Libertad Avanza, que acató la posición del Gobierno, que retiró el capítulo tabacalero que figuraba en la propuesta original, en sintonía con la propuesta del diputado libertario Carlos Zapata, exdirectivo de la industria tabacalera. Todos ellos votaron en sintonía con la mayoría de los diputados kirchneristas de Unión por la Patria y la izquierda trotskista, en un corte transversal que despertó sospechas sobre un mecanismo de lobby tabacalero difícil de explicar.
Es que con el mantenimiento del esquema vigente en la actualidad, Tabacalera Sarandí, la empresa propiedad del Señor del Tabaco, seguirá pagando menos impuestos que sus competidores, ya que por una medida judicial dejó de pagar el impuesto mínimo, que son $800 por cada paquete de cigarrillos, lo que le permitió pasar del 5% de participación en la industria tabacalera argentina, a más del 30% en los últimos seis años.
Esta situación la reconoció el propio ministro Francos, quien hace tres semanas, en declaraciones a Radio Rivadavia, sostuvo que «hay un recurso de amparo sobre una de las empresas, que le permitió no pagar impuestos internos por mucho tiempo. Es competencia desleal. Tiene precios más bajos y creció su participación de mercado».
Sin embargo, en esa oportunidad, el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, le salió al cruce a Francos y reclamó que se vuelva a incluir todo el capítulo tabacalero en la Ley Bases. «Nadie se hace cargo de la continuidad del privilegio para el Señor Tabaco. No fueron los funcionarios del Gobierno, tampoco los diputados del Pro ni de La Libertad Avanza. La mano invisible», dijo en esa ocasión el gobernador Sáenz, quien impulsó la inclusión del capítulo tabacalero, «así queda claro de quién es la mano, y que den la cara los responsables ante los jubilados, y todos los argentinos de bien que están soportando estoicamente el ajuste, con la esperanza de que se terminen estos privilegios».
Finalmente, la votación para incluir el capítulo tabacalero en el proyecto de Ley Bases en la Cámara de Diputados fue inédita y sorpresiva, al final de la sesión, con 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones, con 28 diputados ausentes, muchos de los cuales se retiraron pocos minutos antes para no votar ese capítulo del proyecto de ley. De hecho, tuvo tal impacto esa votación, que se pidió que fuera a viva voz, para que quede claro como votaba cada diputado.
Es que las modificaciones que contiene el proyecto de la Ley Bases incluido por la Coalición Cívica -que son muy parecidas a las del proyecto original del Gobierno- permitirían aumentar la recaudación en 922 millones de dólares por año, un 24,6%, según un trabajo previo de la consultora Abeceb, una parte de las cuales deben girarse a las provincias productoras de tabaco.
El proyecto elimina el componente fijo del impuesto a los cigarrillos, que está judicializado por Tabacalera Sarandí, pero que paga el resto de las empresas del sector; eleva la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%; incorpora precios de mercado referenciales, para utilizar cuando el precio de venta al consumidor informado resulte inferior al 20% del relevado (que ocurre con la empresa de Otero, según sus competidores); e incorpora un cálculo de sanciones en base a los precios de mercado relevados, en caso de productos sin documentación o con irregularidades, según establece el capítulo tabacalero del proyecto de Ley Bases impulsado por la oposición, que tuvo media sanación en la Cámara de Diputados.