El funcionamiento de un grupo de cooperativas y su utilización como intermediarias en la distribución de fondos públicos está bajo la lupa como posibles «pantallas para cometer ilícitos». En diversos expedientes judiciales, el ministerio de Capital Humano denunció a 34 cooperativas por el manejo de fondos públicos y la sospecha de que ese dinero fue malversado.
Tampoco se descarta un presunto enriquecimiento de referentes, dirigentes sociales o funcionarios.
Según el análisis de integrantes de la justicia federal especializados en la materia, estas presuntas maniobras ocurren porque el régimen de cooperativas “está más afuera del radar de los controles antilavado en relación a otras instituciones del sistema financiero como los bancos. Además intervienen en estas organizaciones muchas personas que no se conocen entre sí. También en general tienen objetivos comunitarios y locales que también están más lejos de las miradas”, indicó uno de los jueces de Comodoro Py que tuvo en sus manos casos que involucraba a cooperativas.
Si bien la Unidad de Información Financiera (UIF) aumentó las obligaciones de las cooperativas como sujetos obligados a dar información, en muchas ocasiones resulta complejo establecer la trazabilidad de los fondos que gestionan.
Como contó Clarín, el ministerio que dirige Sandra Pettovello presentó 14 denuncias por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández, bajo la órbita de lo que fue la cartera de Desarrollo Social. Ese universo de causas expone un posible perjuicio ocasionado al Estado de 17.000 millones de pesos.
La Subsecretaría Legal de Capital Humano llega a esa cifra al contar compras que no fueron rendidas o que no consta que se hayan direccionado adonde correspondían y dinero destinado a compras de insumos que se pagaron pero no se obtuvieron, entre otras maniobras.
Las 34 cooperativas investigadas están en el centro de las sospechas: en más de un expediente consta que “eran creadas días previos a la firma de los convenios con Desarrollo Social, a través de los cuales recibían fondos discrecionalmente”, indicaron desde Capital Humano.
Cooperativas sin controles
Por ejemplo, la compra de guardapolvos cuestionada en la justicia se hizo a través de una veintena de cooperativas, a las que se destinaron 5.500 millones de pesos. Sin embargo, la auditoría del actual gobierno establece que sólo se entregó el 47% de lo comprado.
En esa causa, algunas de las cooperativas señaladas son: Cooperativa 15 de Julio, Cooperativa de Trabajo General Mitre Manos Unidas LTDA, Cooperativa de Trabajo Solutex LTDA, entre otras. Y la denuncia sostiene: “Las irregularidades detectadas por los inspectores del Estado incluyen constancias de pagos y transferencias por comisiones y servicios relacionadas con la confección de los guardapolvos encargados por el gobierno de Alberto Fernández que nunca fueron entregados al Estado pese a haber sido abonados en su gran mayoría».
Para las autoridades de Capital Humano, este caso expone el modus operandi alrededor de las cooperativas. “Muchas de las cooperativas se crearon días antes de la firma del convenio. Les pedían pocos papeles para habilitarlas en el INAES y de ahí las mandaban al Ministerio de Desarrollo Social, recibían fondos, pero el dinero también se aplicaba a la subcontratación de otros servicios y así se desviaban fondos”, explica una de las denuncias judiciales.
Desde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) aportaron su visión sobre la situación: “Las cooperativas son en muchos casos un vehículo para el desvío de fondos y operaciones de blanqueo, porque se dedican habitualmente a cuestiones financieras, muchas no pagan Ganancias y no son muy controladas por la AFIP. Además dependen del INAES, donde no hay grandes especialistas en detectar irregularidades”.
El uso de comedores y merenderos
Otro ejemplo: los comedores y merenderos que reciben importantes partidas presupuestarias para comprar alimentos, “pero también eso les permite manejar un importante flujo de dinero que a veces se usa para comprar autos e incluso inmuebles, o pagar servicios a empresas fantasmas”.
Una de las denuncias de Capital Humano se concentra en los comedores. En julio de 2020, el gobierno de Alberto Fernández creó un programa para brindar ayuda a los sectores más vulnerables a través de comedores y merenderos, en plena pandemia.
Los comedores populares se inscribían en el RENACOM y gestionaban alimentos “por miles de millones de pesos, que provienen de diversos programas sociales”, indicó la denuncia penal. La gestión de esa montaña de plata no tenía los debidos controles, como tampoco «si los comedores beneficiarios fueron correctamente seleccionados”.
Oficialmente reciben asistencia estatal 1.201 comedores y merenderos. De ese total, Capita Humano sólo pudo relevar el 52,3 %, porque el restante 47.7% no existía tal como había sido registrado.
Los datos sostienen que el 32% no funciona más como comedores, el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores) y en el 16% de las direcciones declaradas nunca funcionó un comedor.
En otros casos ni siquiera existen nombres de los lugares en el registro, sino que se los identifica apenas con un número de expediente. Al verificar los lugares, los comedores no existían.
El gobierno nacional denunció a la “Asociación Civil para la Salud Popular Comunitaria”, vinculada a Juan Grabois, por transferencias recibidas en el marco del programa “Potenciar Trabajo». Esta intermediación también está bajo investigación.
Estas transferencias fueron realizadas por parte del por entonces Ministerio de Desarrollo Social entre 2020 y 2023, por casi 200 millones de pesos, pero “se han detectado numerosas irregularidades en la rendición de cuentas y se sospecha una posible administración fraudulenta de los fondos públicos”.
La causa por extorsiones
Las denuncias penales apuntan a desentrañar la ruta de los fondos y los responsables: quiénes están detrás de la creación de las cooperativas, comedores y merenderos que oficiaban de intermediarios para diversas prestaciones económicas que brindaba el Estado a través del ministerio de Desarrollo Social.
Sobre todo, como ocurre en el caso que investiga las presuntas extorsiones y coacciones por parte de dirigentes sociales a los beneficiarios de planes sociales, una línea de trabajo para los investigadores es determinar si estas organizaciones y asociaciones eran utilizadas “para el desvío de una porción de los fondos recibidos por el Estado nacional” y en ese recorrido, “quién o quiénes terminaban siendo los beneficiarios del dinero que no iba a donde correspondía”.
En este expediente, el fiscal Gerardo Pollicita indicó que los imputados “canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose a la fecha el destino final de ese dinero”.
Hay cientos de convenios suscriptos entre la secretaría de Economía Social, que conducía Emilio Pérsico (jefe del Movimiento Evita) y las distintas cooperativas. Parte de esos fondos no iban a a donde tenían que ir y se habrían destinado, por ejemplo, a imprentas.
Por ese motivo, el juez Sebastián Casanello ordenó que haya veedores en las cooperativas involucradas, que se inspeccionen todos su movimientos financieros y se verifique cómo funcionan. También pidió la realización de una auditoría de los últimos dos años, que es la ventana de tiempo que se investiga en esta causa que tiene imputados a 27 dirigentes sociales por posible coacción y extorsión, como también por una presunta defraudación al Estado por el mal manejo de fondos públicos.