La jueza federal María Eugenia Capuchetti se declaró incompetente en la causa que se inició a raíz de la denuncia de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez por «violación de secreto y su difusión, como así también del acceso ilegítimo a mi nube de Google», en relación a los videos con la conductora Tamara Petinatto. En la presentación judicial que ahora podría tramitar en la justicia ordinaria de la Ciudad, el expresidente habló de «hechos falsos», «de campaña de desprestigio», de «escarnio público» y responsabilizando a la ex primera dama por los videos publicados.
La denuncia radicada en Comodoro Py, inicialmente, por la abogada Silvina Carreira que representa al ex presidente, se concentra en los videos que tomaron estado público y las publicaciones de la prensa. “Quiero dejar expresa constancia que el periodismo tenía información antes que se suba al sistema LEX100”, respecto a la información del celular de María Cantero de donde se desprendieron las imágenes donde se la observaba a Fabiola Yañez golpeada. “También quiero dejar expresa constancia que mi defensora solicitó la extracción de testimonios a fin que se investigue” la “filtración de los datos”.
“Debo empezar diciendo que es malicioso y evidente que se ha lanzado una campaña de desprestigio sobre mi persona haciendo correr versiones falsas que me dañan, afectan también a mis hijos, hermanos y a terceras personas”, había expresado en la denuncia penal el ex presidente.
Cuando el caso ingresó al juzgado que subroga la magistrada María Eugenia Capuchetti con intervención del fiscal federal Eduardo Taiano, fue éste quien le pidió que se declare incompetente en el caso.
En su planteo el fiscal indicó que ante la denuncia de Fernández, la jueza «debería declararse incompetente para entender en el trámite de estas actuaciones, debiendo remitir las mismas a conocimiento de la Justicia Criminal y Correccional de la Ciudad», porque considera que no existen «elementos objetivos que permitan atribuirle competencia a la justicia federal».
Al analizar el caso, la jueza asistió razón a los argumentos del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que no es Comodoro Py el lugar en el que debe tramitar la denuncia formulada por el ex presidente contra Fabiola Yañez.
La queja principal del ex Jefe de Estado en esta causa que ahora podría tramitar en la justicia penal ordinaria de la Capital Federal, se centró en los videos que tomaron estado público. Alberto Fernández indicó que no era su intención “iniciar acciones legales respecto de todos los medios periodísticos por lo que digan de mí, pero todo tiene un límite. Sobre todo cuando se me acusa en virtud de hechos tan graves como la violencia de género y se aprovecha ese contexto para mancillar los nombres y el honor de otras personas”.
Bajo este mismo argumento, expresó: “Hemos podido conocer en estos días el daño que ha producido sobre mi y terceras personas la publicación descontextualizada a cuentagotas de información privada sustraída y difundida ilegalmente de un teléfono celular personal que accede a MI cuenta privada. Es evidente que responde a un accionar direccionado para seguir violentando mi intimidad y la de terceros”.
El expresidente dice que Fabiola Yañez era la única persona que tenía acceso a la “información que se ha difundido”. Dio más detalles: “Dicha información está contenida en el teléfono que era de mi propiedad, que le regalé a mi hijo Francisco con aplicaciones que servían para su esparcimiento, y que contenía mi galería de fotos personal”. Por ello, “este aparato de mi propiedad que contenía información privada, se encontraba en poder de la querellada, pero que de ninguna manera tenía derecho a explorar y mucho menos a difundir”.
En definitiva, apuntó el ex presidente “solo ella pudo acceder a la información que ulteriormente difundió”.
En ese sentido dijo que el celular en cuestión, marca Samsung, dijo Alberto Fernández “se lo di a mi hijo para que juegue y pueda ver videos infantiles en YouTube y similares. Pero quiero dejar algo en claro. Se lo di a mi hijo, un nene de DOS AÑOS de edad que no puede comprender la forma de acceder a esta información privada y mucho menos difundirla”.
Es por ello -continúa señalando la denuncia penal- “que acuso a su madre, una persona adulta y con pleno conocimiento para acceder a mi información privada y que hemos visto desfilando mediáticamente en forma profusa” y dijo que el hecho de que su hijo tenga el dispositivo, “no la habilita a la Sra. Yañez a que extraiga información privada de mi persona y de terceros ajenos al proceso”.