Guiños al gobierno de Javier Milei y fuertes cuestionamientos a la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Así podría resumirse el tercer informe elaborado por la Fundación Pensar, el think tank del PRO, que preside María Eugenia Vidal y que acaba de relanzarse con un acto en Entre Ríos en el que estuvo presente el ex presidente Mauricio Macri.
Tras dos documentos iniciales en los que matizó elogios con críticas al Ejecutivo, el relevamiento de agosto se percibe mucho más optimista en relación a las políticas implementadas por el Gobierno, especialmente las llevadas adelante por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Por el contrario, le pega duramente al gobernador bonaerense Axel Kicillof por una serie de reformas que está impulsando a nivel local.
La publicación del informe de agosto se da casi en simultáneo a los encuentros que mantuvieron Macri y Milei en Olivos, en los que buscaron acercar posiciones después de varias semanas de tensión entre ambos espacios, tanto a nivel legislativo como por el rol de jugadores del mileísmo como Santiago Caputo, muy cuestionado en los últimos meses por Macri y parte del PRO.
También se conoce en un contexto de consensos entre ambos espacios en lo que tiene que ver con el rumbo de la política económica, pero desacuerdos en temas clave como la postulación del juez Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema de Justicia, rechazada por Macri y por todo el cuerpo de senadores que representa al PRO.
El ajuste «inexorable» y el rechazo al aumento del gasto
Firmado en esta ocasión por Vidal y el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza, el documento se titula «La sociedad de la nieve» y tiene varios pasajes en los que se apoya de manera contundente el rumbo de la gestión de Milei. Se destaca especialmente un ajuste que Pensar define como «inexorable» y se hace hincapié en un compromiso para bajar la inflación que dependa no sólo del Ejecutivo.
En ese punto se aborda un tema urticante dentro del PRO, como fue la decisión de un grupo de legisladores de avalar la reforma jubilatoria que impulsó la oposición y que Milei vetó, lo que generó rispideces en la relación con Macri. Alineada con el ex presidente, la diputada Vidal sostiene en una parte del texto que «no es justo que el Congreso se haga popular aprobando leyes que aumenten el gasto» y cita como uno de los ejemplos a las jubilaciones.
También se hace mención a la situación de las provincias, que lograron mantener un 0,5% de superávit fiscal del PBI por una reducción del 24% del gasto en términos reales. Allí es cuando el informe le empieza a pegar a Kicillof por el legado que dejó, aunque sobre el final le hace una especie de mueca positiva cuando analiza decisiones económicas de este año.
«Por supuesto que la austeridad es más dolorosa si hubo desbordes previos. Un ejemplo elocuente es la gestión de la Provincia de Buenos Aires. Los primeros cuatro años de gobierno (2019-23) culminaron sin la implementación de grandes reformas estructurales y con aumento del gasto financiado con transferenciasdiscrecionales del Gobierno Nacional», dice el texto.
Y agrega: «En el primer semestre de 2024, no habiendo recibido estos fondos desde Nación, la gestión provincial acusó recibo de la insorteable restricción presupuestaria y puso en marcha un fuerte recorte del gasto, que afectó principalmente a la obra pública, los salarios y las jubilaciones. Bienvenida la prudencia fiscal para evitar el colapso de las cuentas provinciales tras cuatro años de desmanejos».
Elogios a Milei por la baja de inflación y el déficit cero
En la continuidad del informe, Pensar marca cuatro temas a seguir de cara a lo que viene. Por un lado, insiste con la necesidad de hacer un ajuste, pero pide que además de Nación y las provincias el mismo lo hagan el Congreso y la Justicia.
Después, resalta de manera elogiosa los avances en la macro de parte del Gobierno. Dice que «la baja de la inflación está en el camino correcto», que el déficit cero, «presionado, resiste» y que todavía está «pendiente» resolver el desafío monetario.
Los avales del Gobierno continúan después, cuando se resalta que el humor social todavía está sostenido por la esperanza y se revela que el DNU 70/23 y la Ley Bases muestran resultados. Finalmente, se pide cautela en torno a cuestiones centrales como la actividad, el consumo y el empleo, aunque se valora que aun en ese contexto «los singresos siguen recuperándose».
Además, en una nueva medición del denominado Índice de Desarrollo Nacional, el semáforo sigue marcando que está «bajo», con un retroceso de 0,2 puntos hasta 2,3%. Dicho índice pondera una serie de 50 indicadores que representan en su conjunto el grado de desarrollo y progreso de Argentina.
Destacan a Sturzenegger por su rol de ministro desregulador
Además, en un informe que hace repasos históricos de la inflación y compara el crecimiento del IPC en Argentina respecto a otros países, se destaca que a partir de la implementación del RIGI se lograron inversiones por US$ 12.454 millones, que se cerraron nueve acuerdos por cielos abiertos y que la oferta de alquileres creció un 170%. También se comenta la fuerte caída en la brecha del tipo de cambio, actualmente ubicada en un 47%.
Ese tipo de datos, en Pensar lo transmiten como un aval a las políticas de desregulación impulsadas por Federico Sturzenegger. El comunicado de prensa difundido por la Fundación hace mención directa a quien fuera presidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri.
«El documento destaca los resultados que están mostrando los proyectos de desregulación y transformación del Estado encabezados por el ministro Federico Sturzenegger. Se hace hincapié en las más de 30 áreas en donde la nueva normativa está dando resultados que van desde sectores como el de alquileres, turismo, sistema de salud, agroindustria hasta comercio, entre otros», expresan.
Y cierran en la misma línea, resaltando el éxito en los primeros anuncios de inversiones RIGI, los posibles próximos anuncios vinculados también a inversiones y el detalle de los nuevos acuerdos de cielos abiertos cerrados por el Gobierno con Canadá, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Ecuador y Panamá.