En medio de un clima de fuerte tensión política, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a defender el decreto presidencial que restringe el acceso a la información pública al presentar este miércoles su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ante la presión de los bloques de la oposición accedió a hacer modificaciones de «ser necesario» aunque desestimó la posibilidad de derogarlo como pidieron distintos sectores.
«No fue la intención del Presidente de limitar el acceso a la información y para eso se tuvieron en cuenta todos los actores», se defendió Francos, quien prometió llevar el reclamo de los legisladores al líder de los libertarios. «No nos pareció que hubiera una violación al derecho constitucional», se justificó el funcionario, quien de una manera insólita explicó que la medida vino para «ordenar» la información pública.
Rodrigo de Loredo y Karina Banfi durante el informe del jefe de Gabinete. Foto: Federico López Claro.Sin embargo, la polémica amenaza con escalar porque interpretan que lo declarado por el jefe de Gabinete fue «abstracto» frente a una norma que fue evaluada como «nociva», según la descripción dada por la diputada radical Karina Banfi. Además, tanto el radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica como el peronismo federal están pidiendo la derogación de la norma.
Todo se inició a partir de una visión restrictiva que hizo el Gobierno de la información pública, que -como destacó este diario- quedó reflejado cuando desde la Casa Rosada se negaron a dar información sobre los gastos de mantenimiento y otros datos de los perros de Milei que viven en la Quinta de Olivos, argumentando que eran cuestiones del «ámbito privado» del Presidente .
Esto provocó la reacción del PRO, el principal aliado de los libertarios en el Congreso, que a través de su presidente de bloque, Cristian Ritondo, sugirió al jefe de Gabinete que se «revise el decreto reglamentario» de acceso a la información. Mientras que María Eugenia Vidal advirtió que el Gobierno «equivocó el camino» porque si no quería que se invadiera la privacidad de los funcionarios «tendría que haber ido a la Justicia pidiendo una declaración de certeza de cómo se aplica la norma».
Guillermo Francos dio su primer Informe de gestión en Diputados. Foto: Rodríguez AdamiPreviamente emitieron un comunicado rechazando «categóricamente» el decreto. «Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública. Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado», transmitieron en el mensaje.
La Coalición Cívica alertó que «hay una decisión que es oscurantista»
Otro de los que cruzó a Francos por este decreto fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien calificó como «un gran retroceso» el decreto reglamentario 780/2024 que modifica la Ley N° 27.275 sobre Acceso a la Información Pública, una norma emblemática para lo que fue la alianza Juntos por Cambio, sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri.
El diputado que responde a Elisa Carrió no dudó en resaltar que detrás de la movida del Gobierno «hay una decisión que es oscurantista, restrictiva, arbitraria» al tiempo que alertó sobre «un exceso en la interpretación del derecho a la intimidad,de los asuntos públicos, de la buena fe, de los abusos del derecho».
Por su parte, el bloque de Encuentro Federal, espacio que preside Miguel Angel Pichetto, presentó un proyecto de Ley pidiendo que se declare «nulo de nulidad absoluta e insanable» el decreto presidencial. La iniciativa fue impulsada por el cordobés Oscar Agost Carreño y acompañada no sólo por el jefe de la bancada sino también por Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Francisco Morchio y Alejandra Torres. En los fundamentos se establece que «la norma dictada constituye un avance ilegal y arbitrario sobre el derecho de acceso a la información pública».
Los radicales también fijaron posición sobre este tema y a través de un proyecto de declaración pidieron la derogación de la norma. En la propuesta expresan «la más alta preocupación y rechazo al decreto, que -según interpretaron- pretende legislar por decreto incluyendo nuevas excepciones«.
«Dichas consideraciones de índole legislativa están estrictamente reservadas al Congreso de la Nación, incurriendo entonces en una grave afectación a la división de poderes y consecuentemente, una lesión a los derechos humanos de saber sobre las cuestiones públicas», subrayaron.
«Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública, en contradicción con el alcance de la propia Le votada por el Congreso de la Nación en 2016», sostuvieron en forma conjunta FOPEA, CIPPEC, CELS, Amnistía, ACIJ, Periodistas Argentinas, Poder Ciudadano y otras entidades.