La pelea entre los movimientos sociales se da con timidez en la calle donde las agrupaciones no se atreven a desafiar el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y en los tribunales. En dos semanas la discusión se trasladará a los fueros internacionales.
Los primeros capítulos judiciales tuvieron lugar en el fuero penal federal, cuando el juez Sebastián Casanello obligó -con una medida cautelar- al Gobierno a repartir los alimentos almacenados en galpones del ex ministerio de Desarrollo Social. Con dilación, el Gobierno acató la orden del juez que fue tildado de «kirchnerista» por la renunciada subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni. El Gobierno apeló hasta la Corte Suprema sin éxito.
La denuncia por incumplimiento de deberes funcionario y abuso de autoridad -por supuestas faltas en la política alimentaria- sigue abierta y un eventual procesamiento de Sandra Pettovello en el futuro no es descabellado. La ministra ya contrató abogados del prestigioso estudio Fontán Baledstra y asociados.
Mientras tanto, las organizaciones sociales presionaron con nuevas presentaciones judiciales en el fuero contencioso administrativo, donde el juez de feria Martín Cormick ordenó al Gobierno que continuara con los programas sociales vigente, la enorme mayoría de los cuales, como el Plan Nacional contra el Hambre -son de 2020- e incluyen el reparto de alimentos frescos y secos y partidas a las organizaciones que los controlan para hacer compras. El Ejecutivo alega desde el principio del mandato que prefiere destinar esos esfuerzos a través de la Tarjeta Alimentar
Este jueves terminó un nuevo round legal. El juez Walter Lara Correa, a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Federal 7 firmó una sentencia firme por un amparo colectivo por discriminación a comedores y organizaciones sociales que había sido presentado por el CELS y por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a movimientos sociales. Ambas organizaciones consideraban que el Gobierno no cumplía con su obligación de otorgar alimentos a comedores que cumplen con los requisitos de la política alimentaria vigente..
Desde el ministerio que conduce Pettovello festejaron el fallo del magistrado. «La sentencia establece que el ministerio ha actuado dentro del marco normativo vigente, fomentando la continuidad y el mantenimiento de los programas sociales«, expresaron a través de un comunicado que la ministra replicó en redes.
Según la interpretación del Gobierno, el juez reconoció la potestad del juez para fijar las políticas sociales que crea más efectivas y convenientes. Argumentan que en ninguna de las 127 páginas del fallo se ordena la distribución de alimentos. «Consideramos que (Juan) Grabois perdió«, razonan cerca de «la mejor ministra de la historia», según la consideración de Javier Milei.
La referencia al líder del Frente Patria Grande no es casual. Es uno de los blancos preferidos del Gobierno, de sus críticos más virulentos y, además, representó legalmente a la UTEP que ayudó a fundar y que lidera Alejandro «Peluca» Gramajo, referente del Movimiento Evita, a quien acompañó en su reciente visita al Papa.
Grabois, como el CELS, hace otra valoración y será el abogado de los movimientos sociales en una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo 14 de noviembre en Washington. El líder del Frente Patria grande y fundador del MTE promete llevar sus reclamos también al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). «Están violando la Constitución, leyes y tratados internacionales», asegura el ex precandidato presidencial de UxP.
En el CELS también impugnan la interpretación del Gobierno del reciente fallo. Destacan que el juez hizo un relevamiento de las políticas sociales de Estado en la materia desde 1983 y que siempre se incluyó la entrega de alimentos secos y frescos, además de los recursos para su compra en negocios de cercanía a través del programa PNUD, lo que no inhabilita al Ejecutivo a presentar un plan superador.
«El fallo es importante porque garantiza el derecho a la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad a través de los comedores y merenderos comunitarios«, afirmó ante la consulta de Clarín Diego Morales, abogado del CELS.
Para los denunciantes, el detalle de que los costes del juicio corran por cuenta del Estado es también una prueba del sentido del fallo. Las partes tienen 48 horas hábiles para apelar ante la Cámara Contenciosa Administrativa. Por ahora, todos descartan esa opción.
Las organizaciones sociales y el CELS señalan que el Gobierno hasta ahora incumplió con las medidas cautelares que se habían interpuesto con anterioridad y que obligaban al Ejecutivo a informar su política en el Consejo Federal de Desarrollo Social. En rigor, Yanina Nano Lembo -cuya número dos fue echada del Gobierno por la compra de una cafetera express– convocó a sus pares provinciales a principios de octubre en lo que terminó siendo una catarsis grupal. Pettovello tuvo una fugaz participación entonces.
Las medidas cautelares de mediados de año consignaban además que Capital Humano había subejecutado partidas. Las redes de comedores que tenían convenios suscriptos con el Estado y no habían recibido partidas como el Amanecer de los cartoneros, comedores del sol, La Poderosa y los del Padre Paco, recibieron solo en parte las partidas. Lara Correa volvió a reconocer que esos establecimientos están en regla y reclamó más celeridad.
El juez, en un fallo que algunas de las partes calificaron como «tibio», «salomónico» y los más asépticos como «complejo por el trasfondo de la materia» reconoce que el Registro Nacional de Comedores Populares (RENACOM), no es del todo fiable, como aseguraba el Gobierno, pero exhorta al Ejecutivo a depurar ese órgano para optimizar la política pública.