En esta entrevista, la Dra. Lucia Caisso antropóloga e investigadora CONICET nos comparte su experiencia y reflexiones sobre la relación entre las escuelas rurales y los conflictos socioambientales generados por las fumigaciones con agrotóxicos. A través de su investigación, que aborda un tema casi inexplorado, Lucia revela las complejas dinámicas que enfrentan las docentes rurales, quienes a menudo se encuentran solas en sus luchas contra los efectos del agronegocio. Además, plantea la necesidad urgente de políticas públicas que promuevan una transición agroecológica real y una transformación profunda del modelo productivo. Con un enfoque claro en la importancia de la acción política, su propuesta va más allá de las soluciones parciales, buscando construir un proyecto integral que abarque tanto la defensa de la clase obrera, el ambiente y la transformación social.
PdI: ¿Cómo surgió la idea de realizar este estudio y qué desafíos encontraron al llevarlo a cabo en escuelas rurales?
Lucia: La idea surgió de una pregunta central: ¿Cómo se procesan en las escuelas rurales los conflictos socioambientales generados por las fumigaciones con agroquímicos? Me di cuenta de que, aunque hay investigaciones sobre pueblos fumigados, casi no se había estudiado lo que ocurre en las escuelas. Como docente y militante, siempre me interesó la relación entre las instituciones educativas y los conflictos sociales. Además, mi experiencia en la lucha contra Monsanto me llevó a prestar atención a las maestras rurales, que son quienes viven estas problemáticas de forma directa.
Las maestras rurales enfrentan una dinámica muy compleja. Muchas trabajan solas en escuelas de personal único, donde son a la vez directoras, docentes y secretarias. Además, sus principales vínculos con otros adultos suelen ser con fumigadores o propietarios de tierras, quienes también pueden ayudarlas con recursos básicos. Enfrentar estas problemáticas implica desafiar no solo un modelo político y económico, sino también la convivencia cotidiana con sus comunidades. A pesar de ello, muchas maestras se animan a denunciar, aunque esto las exponga a la estigmatización.
Por eso esta problemática no es responsabilidad exclusiva de quienes fumigan. Los sindicatos docentes deben actuar con más fuerza, y los ministerios deben dejar de legislar sólo en el discurso y aplicar políticas efectivas, como zonas de exclusión alrededor de las escuelas rurales y medidas concretas hacia la agroecología. Hasta que eso no ocurra, los intereses de los sectores propietarios seguirán prevaleciendo sobre la salud y la educación.
PdI: ¿Qué desafíos prácticos y personales enfrentaste en la investigación?
Lucia: Es muy difícil hacer este tipo de investigaciones en la pampa húmeda hoy en día porque el agronegocio ha vaciado los contextos rurales de sociabilidad. El campo ya no está pensado para habitarlo ni para facilitar la circulación de personas trabajadoras o sectores medios. Es un espacio diseñado para el negocio agrícola: desde hoteles muy caros hasta la falta de transporte público, bares o lugares accesibles para comer.
Moverse por estas áreas planteó desafíos tanto prácticos como de seguridad. Por ejemplo, siendo una mujer evidentemente urbana y universitaria, despertaba sospechas. Al principio iba sola y muchas veces sentí miedo; incluso evitaba hablar de ciertos temas directamente. Tuve que adaptar mi forma de indagar, usar palabras más neutrales e incluso asumir ciertas identidades, como decir que era maestra, ya que son las únicas mujeres solas que suelen circular en estas áreas.
Con el tiempo empecé a trabajar con mi equipo de investigación, lo que nos permitió apoyarnos mutuamente y conocer mejor el territorio, dónde parar o cómo movernos. Aun así, hay desafíos estructurales, como caminos destruidos por el tránsito de grandes camiones, que dificultan el acceso, especialmente después de lluvias. Antes, las personas usaban caballos para desplazarse en esas condiciones; ahora, incluso el movimiento de ganado se hace en moto.
Estas transformaciones evidencian la pérdida de saberes tradicionales para habitar el campo. Por ejemplo, maestras me cuentan cómo, en su infancia, los padres sabían llevar a los niños por caminos alternativos aunque lloviera. Hoy, con la mayoría de los habitantes vinculados directamente al agronegocio y viviendo de forma ‘golondrina’, esas prácticas han desaparecido.
El agronegocio no solo ha transformado el paisaje físico, sino también la forma de vida y los vínculos en el campo, lo que lo convierte en un lugar aparentemente deshabitado que facilita la fumigación indiscriminada. Este contexto modelado por intereses económicos plantea enormes desafíos para cualquier investigación.
PdI: ¿Cómo fue el protocolo de investigación?
Lucia: En la investigación específica que realizamos sobre salud de docentes rurales -que se realizó en escuelas rurales del departamento de Rosario y en asociación con AMSAFE Rosario- se realizaron entrevistas en profundidad con docentes rurales, quienes expresaron que consideran a los agroquímicos como una fuente potencial de riesgo para la salud. Estas percepciones se basan en señales observadas en sus propios cuerpos, el aumento de enfermedades recurrentes en sus comunidades y los cambios evidentes en la flora y fauna de la región. Desde el punto de vista biológico, se llevaron a cabo análisis genotóxicos en la población estudiada, encontrando un promedio de daño genotóxico de 4,5±5,1 MN/1000 células, superando los valores de referencia nacionales, que se ubican en 3 MN/1000 células, e internacionales, que varían entre 0,5 y 2,5 MN/1000 células según la bibliografía disponible.
A pesar de estos resultados, no fue posible establecer una causalidad directa entre la exposición a los agroquímicos y enfermedades graves como el cáncer, un objetivo que requiere estudios epidemiológicos más amplios y de largo plazo. Esta dificultad subraya la importancia de contar con investigaciones respaldadas por el Estado, que tiene la capacidad y los recursos necesarios para producir la información epidemiológica indispensable para comprender estos riesgos. Sin embargo, la realidad muestra que ni en el presente ni en el pasado reciente ha existido voluntad política por parte de los gobiernos provinciales ni nacionales para abordar este problema. Por el contrario, se ha observado una marcada negligencia en la producción de datos que beneficia los intereses de las grandes corporaciones del agronegocio.
PdI: ¿Qué factores influyeron en la elección de las localidades y escuelas incluidas en la investigación?
Lucia: El proceso para elegir las localidades y escuelas no siguió un único criterio estructurado, sino que fue guiado por una combinación de circunstancias personales, contexto local y las posibilidades que surgieron durante el trabajo de campo.
Cuando comencé a investigar el tema de las escuelas rurales fumigadas lo hice, en primer lugar, en el departamento Totoral, Córdoba, a raíz de una conversación con Claudia Bazán, una mujer que conocí en el marco de la lucha por justicia para su hija Majo, víctima de un femicidio. Claudia era maestra rural en esa zona y fue a través de ella que me acerqué a las problemáticas de las escuelas fumigadas en ese lugar, donde ya había habido algunas denuncias.
Posteriormente, elegí el sudeste de Córdoba, en la zona de Marco Juárez, particularmente Monte Maíz, porque era un caso emblemático del impacto del agronegocio: una región dominada por la soja, con estudios previos pero sin activismo docente relacionado con el tema de las fumigaciones.
Y como te decía antes, más recientemente, he trabajado en escuelas rurales del departamento Rosario. Si bien estas últimas no son las mejores escuelas para estudiar este tema porque el departamento Rosario es un departamento donde quedan pocas escuelas rurales, la elección estuvo determinada por el interés del sindicato AMSAFE Rosario, que fue el único espacio sindical que nos apoyó para llevar adelante el estudio, a diferencia de AMSAFE provincial o UEPC Córdoba, que no mostraron el mismo interés.
Cabe destacar que las escuelas elegidas no siempre representaban los casos más paradigmáticos, ya que muchas escuelas rurales en contextos críticos no quisieron participar. Por ejemplo, en algunos lugares, directores no permitieron la realización del estudio, aunque docentes de esas escuelas participaron de forma independiente en otros puntos de muestreo.
En el informe, reconstruimos un panorama general de exposición a contaminantes ambientales. Si bien las escuelas estudiadas variaban en su proximidad a campos de cultivo, los resultados reflejan un problema generalizado que podría encontrarse en cualquier escuela rural expuesta al agronegocio, o incluso en urbanas cercanas a arroyos contaminados, fábricas o silos portuarios.
En síntesis, más allá de los criterios iniciales, las posibilidades reales de acceso y la disposición de las comunidades educativas y el sindicato jugaron un rol fundamental en la selección de las localidades y escuelas investigadas.
PdI:¿Cuál debería ser el rol de los gremios docentes frente a la reciente evidencia científica sobre los efectos de las fumigaciones?
Lucia: El rol de los gremios docentes ante esta evidencia científica debe ser central y proactivo, colocando la salud de los trabajadores de la educación como prioridad absoluta. Su compromiso principal debería ser exigir, promover y apoyar estudios que permitan entender y visibilizar las consecuencias de las fumigaciones en las comunidades educativas. Esto implica demandar investigaciones tanto a equipos especializados como a las autoridades competentes, incluyendo los ministerios de Educación, Salud, Ambiente y Producción.
Un ejemplo concreto es el trabajo realizado por AMSAFE Rosario, que no solo utilizó los resultados de nuestro estudio para denunciar la situación ante diferentes instancias gubernamentales y locales, sino que también acompañó activamente el proceso. En cada visita a las escuelas rurales donde realizamos el trabajo de campo, estuvieron presentes, mostrando un interés genuino en conocer y difundir la realidad de esta problemática. Este tipo de acompañamiento y acción es esencial y debería ser replicado por otros gremios.
Sin embargo, lamentablemente este nivel de implicación no es una constante en todos los sindicatos docentes. El silencio o la inacción de algunas entidades gremiales frente a una situación tan alarmante es preocupante. Por ello, el llamado a los gremios docentes es claro: deben asumir un papel activo en la defensa de la salud de sus afiliados y comunidades, siendo los primeros en exigir respuestas y soluciones frente a esta crisis ambiental y laboral.
PdI: ¿Qué otro aspecto adicional de la relación entre contaminantes ambientales y salud docente crees que sería importante investigar a futuro?
Lucia: El agua es un tema crucial, especialmente en esta región del país. Hay un dato alarmante que se conoce poco: esta zona tiene altos niveles de arsénico en el agua, una característica geológica que ha estado presente desde antes de la agriculturización intensiva. Sin embargo, lo que me parece fundamental investigar a fondo es la interacción entre esos niveles naturalmente elevados de arsénico y el uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes derivados del petróleo.
Hay trabajos de química, aunque pocos, que han demostrado que en áreas donde se emplean estos compuestos, la presencia de arsénico puede potenciarse. Esto sugiere que los niveles de arsénico, ya de por sí elevados, podrían incrementarse aún más debido al uso de agroquímicos. Esto plantea una cuestión crítica: lo que tradicionalmente se percibe como un problema natural e insoluble podría, en realidad, estar agravado por prácticas agrícolas industriales.
Investigar esta conexión permitiría entender mejor si el fenómeno del hidroarsenicismo tiene una relación directa con la intensificación del uso de plaguicidas y fertilizantes. Este conocimiento sería clave para replantear estrategias tanto para proteger la salud de las comunidades educativas expuestas.
PdI: Qué opinas de la incorporación de una historia clínica ambiental?
Lucia: La idea de incorporar una historia clínica ambiental es una herramienta absolutamente necesaria, sobre todo cuando observamos los patrones que emergen en pueblos fumigados. En estos contextos, los casos de enfermedades graves, como la leucemia en niños, son dolorosamente frecuentes. En una de las escuelas donde realizamos trabajo de campo, recientemente había fallecido un niño muy pequeño de leucemia, y otro, que también había pasado por esa misma escuela, murió posteriormente de la misma enfermedad. Estas experiencias impactan profundamente, y cuesta imaginar que no estén vinculadas con factores ambientales, especialmente cuando las comunidades reportan frecuentemente estos casos.
Lo que resulta preocupante es que en el ámbito médico muchas veces no se plantean estas preguntas. Quienes atienden a estos pacientes suelen limitarse a observar el cuerpo sin analizar el entorno en el que viven, lo cual invisibiliza una relación evidente entre el ambiente y la salud. En nuestro estudio, aunque el enfoque principal fue la salud ocupacional de los docentes rurales, encontramos una problemática que trasciende esta categoría: las condiciones laborales y ambientales están íntimamente ligadas, pero el sistema se empeña en desarticularlas.
Un caso emblemático es el de Estela Lemes, docente de Entre Ríos, quien luchó durante años para que la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) reconociera que la neuropatía que padece fue causada por su exposición a agroquímicos mientras trabajaba en escuelas rodeadas de campos fumigados. Este caso evidencia la incapacidad (o falta de voluntad) de las instituciones para abordar la salud ocupacional en relación con el ambiente. A las docentes rurales, que no manipulan directamente los agroquímicos, se les niega el vínculo laboral con su exposición, dejando sin respuesta problemas graves de salud derivados de su entorno de trabajo.
La conexión entre la salud ocupacional y la salud ambiental es evidente, y este tema cobra aún más relevancia en casos recientes como el de los trabajadores del subte expuestos al asbesto. Estos ejemplos permiten abrir un diálogo crucial con sectores de la clase trabajadora que, muchas veces, no perciben lo ambiental como un tema propio. Lo ambiental no es solo una preocupación de sectores de clase media, sino que afecta directamente a los trabajadores, quienes no tienen control sobre el entorno en el que realizan sus labores. En este sentido, es fundamental visibilizar cómo lo que respiran, los químicos a los que están expuestos y las condiciones ambientales de sus lugares de trabajo son aspectos decisivos para su salud y bienestar.
PdI- En el estudio afirman que el daño genotóxico puede ser reversible en ciertas condiciones, lo que lleva a reflexionar sobre las medidas más efectivas para proteger a las poblaciones afectadas y garantizar su recuperación. Las propuestas planteadas por los productores agropecuarios, como fumigar de noche o durante los fines de semana para evitar la exposición directa de docentes y estudiantes, resultan insuficientes. Aunque estas prácticas puedan mitigar parcialmente el impacto inmediato, no eliminan la exposición crónica a los contaminantes ambientales presentes en el aire, el suelo y el agua, que siguen afectando a las comunidades incluso fuera de los horarios de clase. ¿Qué opinas?
Lucia: Desde una perspectiva de restricciones mínimas, se debería implementar una distancia mínima de fumigación de al menos 1100 metros respecto a las escuelas. Estudios previos, utilizados como evidencia en juicios contra fumigaciones, demuestran que a partir de esa distancia (aproximadamente 1085 metros) comienza a disminuir el daño genético en las poblaciones expuestas. Además de esta distancia mínima, sería fundamental establecer barreras forestales diseñadas adecuadamente. Estas barreras no deben consistir simplemente en una fila de pinos, sino que requieren un diseño más complejo, con especies diversas y ubicadas estratégicamente, que actúen como zonas de exclusión y mitiguen la dispersión de agroquímicos.
El enfoque de fondo, sin embargo, debe apuntar a transformar las estructuras económicas y sociales que perpetúan el modelo de agronegocio basado en el uso intensivo de agroquímicos. Este sistema, atravesado por dinámicas globales de acumulación capitalista y propiedad privada de la tierra, es inherentemente incompatible con la sostenibilidad ambiental y la salud de las comunidades. La solución estructural implica hablar de la necesidad de una revolución socialista que contemple la expropiación de grandes propiedades agrarias.
Existe una brecha entre quienes poseen conocimientos técnicos sobre agroecología y quienes tienen claridad política sobre la necesidad de un cambio sistémico. La tarea fundamental es unir ambas dimensiones, aplicando el conocimiento técnico dentro de un proyecto socialista revolucionario que contemple soluciones prácticas y viables.
El desafío radica en pensar no sólo en pequeñas iniciativas agroecológicas, sino en cómo llevar ese modelo a gran escala, abarcando vastas áreas como la Pampa Húmeda, y transformando el sistema extractivista actual en uno que responda a las necesidades sociales y ecológicas. Cómo también construir puentes entre el conocimiento técnico y la acción política revolucionaria, desarrollando propuestas concretas que permitan transitar hacia un futuro socialista. Esto no sólo fortalecería a los proyectos socialistas, sino que también les daría mayor incidencia en las luchas actuales.