El fondo de inversión Burford Capital se encuentra en una encrucijada estratégica tras la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revirtió un fallo inicial favorable a su reclamo contra el Estado argentino. La firma evalúa seriamente la posibilidad de no llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, ante el alto riesgo de una nueva derrota y el consiguiente drenaje de recursos económicos.
Un escenario judicial complejo
El litigio, que buscaba una compensación de miles de millones de dólares por la forma en que Argentina renacionalizó la petrolera YPF en 2012, sufrió un giro determinante la semana pasada. La Cámara de Apelaciones estableció que la ley argentina prevalece sobre los estatutos de una empresa privada, un principio que, de ser ratificado, dejaría sin efecto la base de la demanda. La atención se centra ahora en la jueza de distrito Loretta Preska, quien en 2023 había fallado a favor de Burford y debe ahora reconsiderar su decisión a la luz del pronunciamiento del tribunal superior.
La ecuación económica del litigio
Para Burford, la decisión de apelar o no al máximo tribunal estadounidense no es una cuestión de principios, sino una evaluación de costos y beneficios. Continuar con el proceso implicaría asumir gastos millonarios en honorarios legales, asesorías y costas judiciales, con una probabilidad muy baja de éxito. La Corte Suprema acepta revisar solo un porcentaje mínimo de los casos que se le presentan, y en este contexto, los expertos consideran improbable que intervenga.
La firma ya obtuvo ganancias significativas a lo largo del proceso mediante la venta de participaciones («intereses de litigio») en el reclamo a otros inversores, operaciones que le reportaron cientos de millones de dólares. Un eventual abandono del caso ahora representaría una pérdida para aquellos terceros que compraron esos derechos, pero permitiría a Burford capitalizar las ganancias ya realizadas y evitar nuevas erogaciones.
El precedente y el posible final
El escenario más probable es que la jueza Preska se alinee con el criterio de la Corte de Apelaciones, lo que cerraría la vía judicial para Burford en las instancias inferiores. Ante esto, la opción de apelar a la Corte Suprema aparece como una jugada de alto riesgo. El fondo enfrenta el dilema de persistir en una batalla legal casi utópica o retirarse a tiempo para preservar capital.
Este caso evidencia la volatilidad y los riesgos inherentes al mercado de financiación de litigios, donde fondos especializados apuestan por el resultado de demandas complejas. Para Argentina, la confirmación del fallo de apelación significaría el cierre de uno de los capítulos judiciales más onerosos heredados de la gestión de YPF, aunque el Estado nacional sigue enfrentando otros reclamos vinculados a la misma operación.