Un fallo judicial de segunda instancia ratificó que el Ejecutivo nacional debe aplicar la ley que garantiza la actualización de fondos para salarios y becas en las universidades públicas.
Un fallo judicial de segunda instancia ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una norma sancionada por el Congreso que garantiza la actualización de los recursos destinados a salarios docentes y becas estudiantiles. La decisión obliga al Ejecutivo a aplicar la ley, pese a los intentos oficiales de frenar su implementación.
La legislación vigente establece que los fondos para las universidades deben actualizarse en función de la inflación, con el objetivo de sostener el funcionamiento del sistema. Distintos informes del sector universitario señalan que, desde 2023, se registra un deterioro sostenido del presupuesto, impactando principalmente en los salarios, que representan cerca del 90% del gasto y han registrado una caída en términos reales.
El fallo se produce en un contexto de reclamos por parte de universidades, docentes y estudiantes, quienes han realizado paros y movilizaciones en protesta por los recortes presupuestarios. El conflicto se profundizó tras el veto presidencial a la ley, posteriormente ratificada por el Congreso, y la negativa del Gobierno a ejecutarla.
Desde el ámbito universitario se advirtió que la falta de financiamiento adecuado podría poner en riesgo el normal desarrollo de las clases, la continuidad de proyectos de investigación y el acceso de miles de estudiantes. La resolución judicial tiene implicancias tanto presupuestarias como políticas, al marcar un límite a las decisiones del Ejecutivo y reavivar el debate sobre el rol del Estado en la garantía del derecho a la educación superior.