Una sesión del Consejo de la Magistratura en Ushuaia definió mantener abierto el proceso de jury contra el juez Ernesto Loffler, luego de que se presentara una ampliación de la acusación con nuevos elementos.
El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego mantiene latente el jury de enjuiciamiento contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Loffler. La situación se definió durante una sesión celebrada en Ushuaia, donde una maniobra para cerrar el proceso no prosperó debido al ingreso de una ampliación en la acusación.
En la sesión, varios integrantes del Consejo, entre ellos la presidenta e integrante del Superior Tribunal Myriam Edhit Cristiano, intentaron dar por concluido el jury contra Loffler. Este intento generó debate, dado que la jueza Cristiano había presentado previamente una excusación para intervenir por ser compañera de Loffler en el tribunal. Sin embargo, participó de la votación, que terminó en un empate a tres votos. Cristiano definió la situación con su voto doble como presidenta del órgano, lo que habría significado el cierre del proceso.
No obstante, el trámite no finalizó porque el abogado denunciante, el Dr. Antonio Petkos, presentó una ampliación de la acusación. En ella introdujo tres nuevos elementos. En primer lugar, declaraciones públicas de la concejal Guadalupe Zamora, cuñada del magistrado, quien vinculó el juicio político con la defensa de «una familia» y un espacio político enfrentado al Gobierno Provincial por la reforma constitucional.
En segundo término, se señaló el vínculo de Loffler con el Dr. Santiago Alfonso, director de su tesis doctoral, quien simultáneamente intervino como abogado firmante de un Recurso Extraordinario Federal en la causa «Lechman». Esta causa denunció el llamado a la reforma constitucional, que estaba bajo la jurisdicción de Loffler. El denunciante sostiene que el juez debió excusarse de intervenir.
Finalmente, la ampliación insistió en la «retención de la causa penal contra el Gobernador» por un presunto abuso sexual, con el objetivo, según la denuncia, de mantener al mandatario «en una situación de vulnerabilidad penal latente» para presionar al Ejecutivo mientras se bloqueaba la reforma constitucional.
El denunciante sostiene que estas conductas configurarían «un patrón de dolo donde el proceso judicial fue utilizado como herramienta de presión política», lo que constituiría un mal desempeño grave. Loffler se inhibió de intervenir luego de presentado el jury en su contra. El Consejo de la Magistratura deberá volver a tratarlo en su próxima sesión, prevista para mayo, con una composición que incluirá nuevos posicionamientos políticos.