El edil de Provincia Grande cuestionó las interpretaciones que minimizan los efectos de la norma sobre el subrégimen industrial local y advirtió sobre posibles consecuencias económicas.
El concejal de Provincia Grande, Jonatan Bogado, se refirió a las declaraciones de la legisladora Natalia Graciania y otros representantes sobre el Decreto 252/2026. Sostuvo que minimizar sus efectos sobre el subrégimen industrial de Tierra del Fuego «es, como mínimo, una lectura incompleta de la realidad productiva».
«Decir que el decreto no perjudica a la industria fueguina porque no menciona la Ley 19.640 es no entender cómo funcionan los sistemas económicos. Las normas no siempre impactan de forma directa, muchas veces lo hacen modificando el contexto en el que una actividad se desarrolla», explicó el edil.
En ese sentido, Bogado detalló que la ampliación del Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todo el país introduce nuevas condiciones para la industria nacional, al facilitar y eximir de aranceles a insumos importados para la fabricación nacional. «Cuando se generalizan a todas las fábricas del país los beneficios sobre aranceles que tiene la industria fueguina, es inevitable que cambie la ecuación económica para muchas de nuestras empresas y muchas decidan irse. Eso no es una opinión, es economía básica», agregó.
Asimismo, sostuvo que el problema no radica en si los regímenes son «distintos», sino en cómo interactúan entre sí. «Los regímenes pueden ser distintos en lo formal, pero compiten en la práctica. Y cuando uno se amplía, flexibiliza y gana alcance, el otro pierde posición relativa».
En ese marco, el concejal advirtió sobre el trasfondo de la medida. «El propio decreto habla de eliminar privilegios y equiparar condiciones. Ese lenguaje no es neutro. Es el inicio de una discusión más profunda sobre el rol de la industria fueguina en la Argentina, que cumple un rol estratégico en la entrada del Atlántico Sur y la Antártida».
«Cuando se toman decisiones a nivel nacional que cambian las reglas de juego, mirar para otro lado o pedir prudencia cuando hay familias que están quedando sin trabajo es renunciar a defender los intereses de nuestra comunidad», concluyó Bogado.