El excombatiente de Malvinas y director de Agenda Malvinas, Daniel Guzmán, analizó un informe del Consejo Federal de Inversiones y las declaraciones del titular de Puertos, Roberto Murcia, señalando presuntas irregularidades en la administración portuaria y posibles planes de privatización.
Daniel Guzmán, excombatiente de Malvinas y director del portal Agenda Malvinas, se refirió al documento elaborado para el Consejo Federal de Inversiones (CFI) sobre el puerto de Ushuaia y a las declaraciones oficiales del titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia. En declaraciones a FM Centro, Guzmán sostuvo que existe un plan de privatización planificado, señalando que ya en 2022 se solicitó al CFI un estudio para esa transformación.
Guzmán vinculó el estudio con intereses empresariales, afirmando que tiene un destinatario exclusivo: el desarrollo logístico portuario multimodal en Río Grande, con Mirgor como protagonista. A su vez, consideró que las recientes declaraciones de Murcia confirman ese rumbo. Cuestionó la forma en que el funcionario se refiere a los recursos públicos: “Cuando habla de mi plata, de los 60% que yo pierdo, él no pierde nada porque de su bolsillo no sale nada, él es solamente un inquilino administrador”.
Respecto al informe del CFI, Guzmán remarcó inconsistencias en su interpretación oficial y precisó que la descripción crítica no se refiere al volumen, sino al estado de la infraestructura del muelle y las playas de contenedores. En su lectura, el deterioro sería funcional a un proceso mayor: “Hubo una decisión programada para la entrega del puerto”. También apuntó a la falta de acciones legales preventivas: “Le dice cómo son los pasos para seguir… y no lo hicieron”.
Asimismo, Guzmán cuestionó la legalidad del proceso de intervención, señalando que el puerto tomó como válida una resolución sin consultar su validez legal, y que existieron advertencias previas desoídas: “Tenía que hacer una cautelar en ese mismo momento; anticipándose para frenar lo que se anticipaba”. Finalmente, planteó una lectura política del escenario, indicando que “da la sensación que estaban negociando políticamente con el gobierno nacional” y concluyó que “la legislatura debería pedir el alejamiento inmediato de Murcia; por la impericia en términos legales y administrativos”.