El legislador del MPF advirtió que el contexto social y económico no es adecuado para avanzar con el proceso y sostuvo que la Legislatura puede dejar sin efecto la norma que habilitó la reforma.
El legislador provincial Pablo Villegas expresó fuertes cuestionamientos al proceso de reforma de la Constitución de Tierra del Fuego y advirtió que no es oportuno avanzar con una iniciativa de ese alcance en el actual contexto social, económico e institucional. “Estamos atravesando una crisis profunda. No es una cuestión menor impulsar una reforma constitucional en este escenario”, afirmó, al describir una situación marcada por múltiples conflictos que atraviesan a la provincia.
Villegas enumeró una serie de problemáticas que, a su entender, deberían ocupar el centro de la agenda pública. Mencionó fábricas tomadas, crecimiento de la desocupación y la pobreza, un conflicto docente que afecta el normal dictado de clases, y un sistema de salud en crisis, con profesionales que abandonan la provincia. También señaló la situación de los policías territoriales, que no perciben haberes compensatorios desde hace más de un año, y la dependencia del Gobierno provincial de adelantos de fondos nacionales para afrontar salarios y servicios básicos.
“Muchas familias reclaman algo tan elemental como no pasar frío y vivir con dignidad. Frente a esto, resulta oportuno preguntarse si es momento de impulsar una reforma constitucional”, remarcó.
En el plano institucional, el legislador defendió la potestad de la Legislatura para derogar la Ley 1529, que declaró la necesidad de la reforma. En ese sentido, explicó que se trata de una norma sancionada en ejercicio de competencias propias del Poder Legislativo y que, como cualquier ley, puede ser dejada sin efecto. “El debate no es si tenemos la facultad de derogar la ley, porque eso es indiscutible. La discusión de fondo es si estamos a tiempo de hacerlo, y estoy convencido de que sí”, sostuvo.
Villegas fundamentó su postura en la propia Constitución provincial, al señalar que el proceso de reforma otorga un rol central a la Legislatura y exige mayorías calificadas para declarar su necesidad, además de establecer condiciones que —indicó— aún se encuentran bajo cuestionamiento judicial. Asimismo, aseguró que el proceso “no ha adquirido un grado de autonomía suficiente” que impida su reversión, dado que todavía no se puso en marcha el cronograma electoral.
“No hay presentación de candidaturas, no hay frentes definidos, no hay convencionales elegidos ni una convención en funcionamiento”, detalló. En ese marco, advirtió que el decreto de convocatoria a elecciones firmado por el Poder Ejecutivo “depende de la existencia de una ley superior”. “Si la Ley 1529 es derogada, ese decreto pierde sustento jurídico”, explicó.
Finalmente, el legislador insistió en que la prioridad debe estar puesta en atender las urgencias sociales. “La Legislatura no solo tiene la atribución de abrogar la ley, sino que este es el momento oportuno para hacerlo”, concluyó, y cerró: “No podemos mirar para otro lado mientras la provincia atraviesa una crisis profunda”.