La legisladora provincial Laura Colazo explicó por qué acompañó la derogación de la ley que impulsaba el proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego, y aseguró que la crisis económica y social obliga a postergar el debate.
La legisladora provincial Laura Colazo explicó los motivos por los que acompañó la derogación de la ley que impulsaba el proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego y aseguró que la situación económica y social de la provincia obliga a postergar el debate.
“Estamos de acuerdo y coincidimos en la necesidad de que haya una reforma constitucional, el tema es que vemos que ahora no es el momento”, afirmó la representante del Partido Verde en declaraciones a radio Provincia. Recordó que la ley original fue aprobada en 2023 “y era un contexto político económico social totalmente diferente a la situación que estamos viviendo en este momento”.
Colazo sostuvo que la provincia atraviesa “una crisis estructural” y remarcó que “hay mucha incertidumbre en lo laboral y en lo económico”. En ese sentido, señaló que “tenemos que priorizar las necesidades de las familias fueguinas” y enfocar las políticas públicas “en salud, educación, producción y empleo”.
También vinculó el cambio de postura con la situación del empleo industrial. “En la provincia teníamos 11.800 trabajadores dentro del sub régimen industrial, pero hoy tenemos 6.600”, indicó. Agregó que “esas personas hoy están sin trabajo” y advirtió sobre el impacto en el comercio y otros sectores vinculados.
Además, consideró que la judicialización del proceso y el escenario político actual profundizaron las dificultades para avanzar con la discusión constitucional. “Creo que puede esperar”, expresó, y reclamó una convocatoria del gobernador a “una mesa de trabajo en conjunto” con los legisladores.
Para Colazo, “lo que tiene que primar es el diálogo político”. En esa línea, pidió conocer “el estado de situación de la provincia en relación a los números” y discutir cómo orientar los recursos públicos. “Las inversiones están buscando estabilidad institucional, seguridad jurídica y reglas claras”, sostuvo.
Finalmente, advirtió que “las familias son las que reciben las consecuencias de la falta del diálogo político”. La legisladora insistió en que el debate constitucional no figura entre las demandas sociales que recibe durante las recorridas por las ciudades de la provincia. “No es prioridad hoy discutir la reforma sino que nos podamos abocar todos los actores políticos y más los que tenemos responsabilidad de representación en generar soluciones”, afirmó.