El Ejecutivo provincial justificó el veto total a la ley que establecía el envío automático de aportes a la Obra Social del Estado Fueguino, argumentando la necesidad de preservar la unidad de caja y la capacidad de definir prioridades de pago.
El Gobierno provincial avanzó con el veto total a la ley que buscaba garantizar la transferencia automática de aportes y contribuciones a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a las cajas previsionales. La decisión se basa en argumentos vinculados a la “unidad de caja”, la “sostenibilidad financiera” y las facultades del Poder Ejecutivo sobre la administración de fondos públicos.
El dictamen jurídico que respalda el veto reconoce que el Ejecutivo no está dispuesto a resignar el control financiero sobre esos recursos y considera necesario mantenerlos dentro del esquema general de administración de caja de la Provincia. El documento elaborado por la Secretaría Legal de Gobierno sostiene que la ley sancionada por la Legislatura afectaba la capacidad estatal de “determinar prioridades de pago” y alteraba el manejo integral de la disponibilidad financiera provincial.
En ningún tramo del dictamen se niega la existencia de las obligaciones correspondientes a OSEF ni se rebate el reclamo de fondo sobre los atrasos y la falta de transferencias denunciadas desde el año pasado. Lo que se cuestiona es que una ley establezca mecanismos automáticos que limiten la discrecionalidad financiera de la Tesorería provincial.
Uno de los argumentos centrales del veto sostiene que garantizar automáticamente esos fondos podría afectar otras obligaciones consideradas prioritarias como salarios, salud, educación, seguridad y asistencia alimentaria. El dictamen también rechaza que el Banco Tierra del Fuego pueda actuar como agente de retención automática, al sostener que carece de facultades jurisdiccionales para intervenir sobre fondos públicos provinciales.
Además, la Secretaría Legal advirtió que excluir las cuentas de OSEF del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) pondría en riesgo el sistema de administración financiera provincial y limitaría la capacidad del Ejecutivo para manejar liquidez y recursos transitorios de caja.
De esta forma, detrás de los argumentos técnicos y constitucionales utilizados para justificar el veto, el Gobierno terminó admitiendo que los fondos destinados a OSEF seguirán sujetos al manejo financiero general de la Provincia y no contarán con un mecanismo automático que garantice su transferencia inmediata.