Los femicidios de Agostina Vega, de 14 años en Córdoba, y Dulce María Candia, de 17 años en Misiones, generaron conmoción en todo el país y reabrieron el debate sobre la prevención de violencias de género.
Los femicidios de Agostina Vega, de 14 años en Córdoba, y Dulce María Candia, de 17 años en Misiones, generaron conmoción social en distintos puntos del país. Ambos casos trascendieron rápidamente las fronteras provinciales y alcanzaron repercusión nacional por la gravedad de los hechos y la edad de las víctimas.
La desaparición de Agostina movilizó durante días a familiares, vecinos y organismos de búsqueda hasta que su asesinato fue confirmado por la Justicia. En Misiones, la búsqueda de Dulce María también terminó de manera trágica cuando la adolescente fue encontrada sin vida en la ciudad de Eldorado. Los dos casos despertaron expresiones de dolor, reclamos de justicia y una amplia repercusión en medios de comunicación y redes sociales.
La repercusión de estos hechos se produce a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, surgido tras el femicidio de Chiara Páez en 2015. Más allá de la cercanía de la fecha, los casos de Agostina y Dulce volvieron a exponer una realidad que preocupa desde hace años: la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchas niñas y adolescentes frente a distintas formas de violencia.
Desde entonces, el país avanzó en marcos normativos, protocolos de actuación y herramientas de acompañamiento para personas en situación de violencia. Sin embargo, cada nuevo femicidio vuelve a plantear interrogantes sobre la capacidad de prevención, detección temprana e intervención frente a situaciones de riesgo que involucran a menores de edad.
Especialistas y organizaciones que trabajan en la temática sostienen que los femicidios representan la expresión más extrema de una trama de desigualdades y violencias que suele manifestarse previamente de múltiples maneras. Por eso, remarcan la importancia de fortalecer las políticas públicas, los sistemas de protección y las redes comunitarias capaces de detectar señales de alerta antes de que alcancen consecuencias irreparables.
Los casos de Agostina y Dulce, ocurridos con pocos días de diferencia, volvieron a poner nombre y rostro a una realidad que continúa interpelando a la sociedad argentina. También reabrieron una pregunta que permanece vigente: cómo construir herramientas más eficaces para proteger a mujeres, niñas y adolescentes y evitar que la violencia siga cobrando vidas.