Un estudio encargado por la provincia y financiado por el CFI habría delineado una hoja de ruta para el puerto que, según denuncias, no fue ejecutada. El documento vuelve al debate público tras la intervención de la terminal.
La difusión de un informe elaborado en 2023 por la consultora BDO, contratada con fondos del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ha reavivado el debate sobre la situación del puerto de Ushuaia, actualmente intervenido. El documento, de carácter técnico, habría anticipado los problemas estructurales de la terminal y propuesto un plan de acción.
El ex secretario de Energía de la Provincia, Moisés Solorza, se refirió al estudio en una entrevista radial. «El informe es información, ya no es opinión y mucho menos cuando detrás hay un documento que respalda esa opinión», afirmó. Solorza señaló que el trabajo «define una estrategia política de un plan de gobierno» y establece «los instrumentos desde el punto de vista político y jurídico para generar una sociedad anónima».
Según el exfuncionario, la contratación fue realizada por la provincia con fondos del CFI y el documento «define de alguna manera el plan de gobierno en distintas áreas». Solorza cuestionó por qué esta hoja de ruta no fue divulgada y afirmó que el gobierno provincial habría tenido conocimiento del informe. «Uno empieza a preguntarse cosas… vas a la fuente y decís ¿esto es verdad o es mentira?». Agregó que, hasta el momento, no habría habido comunicación oficial al respecto.
Respecto al estado actual del puerto, Solorza consideró que «es peor», ya que el diagnóstico inicial del informe «fue absolutamente lapidario» y se habría elaborado con información aportada por autoridades locales. Vinculó el contenido del estudio con un proyecto de ley presentado posteriormente en la Legislatura, afirmando que «el proyecto que muere en la legislatura… es el corolario de la intención primaria que tuvieron previo al 2023». Incluso sostuvo que dicho proyecto «es exactamente el mismo que presentó Gustavo Melella en la Legislatura».
El exsecretario concluyó que la difusión del informe permite «ponerlo a consideración de la población para estar advertidos» y consideró necesario que se explique a la ciudadanía fueguina por qué no se siguió la hoja de ruta delineada. El proceso de contratación y los alcances del informe estarían siendo investigados.