La Asociación Manekenk, presidida por Nancy Fernández, prepara una acción judicial colectiva ante la posible instalación de salmoneras en Tierra del Fuego, con el objetivo de garantizar controles ambientales independientes.
Nancy Fernández, docente e investigadora de la Universidad de Tierra del Fuego y presidenta de la Asociación Manekenk, anunció que presentarán un amparo colectivo a mediados del mes próximo frente a la posible instalación de salmoneras en la provincia. La iniciativa busca sumar adhesiones a nivel local, regional, nacional e internacional.
En declaraciones recientes, Fernández explicó que el amparo requerirá tiempo para reunir pruebas y consensos: “Calculo que a mediados del mes que viene la estaremos presentando”. La medida apunta a que la justicia actúe como veedora del bien ambiental, similar a lo ocurrido en la causa del Riachuelo o en el caso de cloacas en Ushuaia.
Fernández, quien visitó granjas de salmones en Noruega, señaló que los estándares europeos exigen cada vez más controles, lo que lleva a las industrias noruegas a buscar nuevos mercados: “Ya contaminaron todo lo posible que podían haber contaminado. No les queda más lugar donde expandirse”. Respecto a la visita de la Embajada de Noruega a la Isla, indicó que “evidentemente una de las cosas que han venido a tantear es el efecto social”.
La presidenta de Manekenk diferenció dos tipos de emprendimientos: aquellos que utilizan sistemas RAS con agua filtrada y procesos sanitarios amigables, que “no generarían resistencia”, y proyectos como el de Newsan en Almanza, que afectan la estética del paisaje. Además, advirtió que la mayor oposición surgiría si se instalan granjas en lagos o en la costa atlántica, aunque consideró que “ambientalmente es un ecosistema bastante difícil”.
Fernández también mencionó la preocupación del intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, por posibles hatcheries en el lago Fagnano y su impacto en la costa atlántica. Criticó al subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola, Marzioni, afirmando que “desconfiamos de las autoridades locales para regular esta actividad”. El amparo colectivo pretendería que, ante cualquier producción que pueda afectar el ambiente, “haya partes y peritos para verificar que eso no suceda”.