La legisladora del Partido Verde acompañó la derogación de la ley que impulsaba la reforma constitucional y advirtió sobre la fuerte caída del empleo industrial. También respaldó el goteo diario a municipios y la suspensión de recortes al subsidio del gas.
En el marco de la segunda sesión ordinaria de la Legislatura Provincial, la legisladora María Laura Colazo (Partido Verde) acompañó la derogación de la Ley Provincial N° 1529, que impulsaba el llamado a la reforma de la Constitución, y fundamentó su postura en el complejo contexto socioeconómico que atraviesa Tierra del Fuego.
“Los vecinos de toda la provincia están pasando una profunda incertidumbre laboral y económica. No es una crisis sectorial, estamos atravesando una crisis estructural”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que si bien considera necesaria una reforma constitucional, “no es este el momento, porque estaríamos desoyendo la realidad y no atendiendo el reclamo de las familias fueguinas”.
Colazo recordó que en 2022 se debatió la necesidad de avanzar con la reforma en un escenario distinto. “Había otra realidad nacional y provincial. Hoy debemos priorizar medidas que den respuesta a la situación económica y social”, remarcó.
La legisladora puso el foco en la caída del empleo industrial como uno de los indicadores más preocupantes. Según detalló, en noviembre de 2023 había 11.800 trabajadores bajo el Subrégimen de Promoción Industrial, mientras que en la actualidad la cifra se redujo a 6.616 empleos directos, sin contar las suspensiones. “La realidad actual es muy distinta a la de 2022”, subrayó.
Por otra parte, Colazo acompañó el proyecto de ley que establece el Sistema de Goteo Diario a los Municipios, al considerar que aporta previsibilidad y transparencia en la distribución de recursos. “Permite que los fondos lleguen en tiempo y forma, fortalece la autonomía municipal y garantiza la continuidad de servicios esenciales”, indicó.
Asimismo, votó a favor de la suspensión de decretos y resoluciones del Ejecutivo que reducían subsidios al gas envasado y daban de baja usuarios residenciales. “Generaban inequidades y afectaban a muchas familias en un contexto complejo”, señaló, y destacó que la medida responde a un reclamo legítimo de la comunidad.
Finalmente, la legisladora reafirmó su compromiso de impulsar iniciativas orientadas a sostener el empleo, fortalecer la economía local y acompañar a las familias fueguinas frente a la actual coyuntura.